REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 22 de Septiembre de 2025
Años 215° y 166°
EXPEDIENTE Nº 1385
PARTE DEMANDANTE
Ciudadana ANA MERCEDES ESPINOZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-12.076.925 y domiciliada en la urbanización Juan José de Maya, manzana F7, casa numero 13, municipio San Felipe del estado Yaracuy.
ABOGADO ASISTENTE DE LA DEMANDANTE
Abg. Andrés Eloy Blanco, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 170.706 en su carácter de defensor público provisorio 2° en materia Inquilinaria con ampliación de competencia Civil, Mercantil y Transito.
PARTE DEMANDADA
Ciudadano DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-8.517.102, domiciliado en la Urbanización Nuevo Marín, Vereda 17, Casa S/N, Municipio San Felipe del Estado Yaracuy.
MOTIVO
DIVORCIO 185
Recibida por distribución en jornada de Tribunales Móviles la presente solicitud y sus recaudos anexos, suscrito y presentado por la ciudadana ANA MERCEDES ESPINOZA, ya identificada, debidamente asistida del abogado Andrés Eloy Blanco, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 170.706 en su carácter de defensor público provisorio 2° en materia Inquilinaria con ampliación de competencia Civil, Mercantil y Transito, contra su cónyuge, ciudadano DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO, antes identificado, donde solicita de este Tribunal SE LE DECRETE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO CONTRAIDO ENTRE ELLOS, el día 27 de Julio del año 1990, por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, según comprobación que se hizo con la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 63 del Libro de Actas de Matrimonios Civiles llevados por ese despacho en el Año 1990, y que riela a los 05, 06 y sus vueltos del presente expediente.
Narra la demandante en su escrito libelar, que una vez contraído el matrimonio fijaron su domicilio conyugal, en la URBANIZACIÓN JUAN JOSÉ DE MAYA, MANZANA F7, CASA NUMERO 13, MUNICIPIO SAN FELIPE DEL ESTADO YARACUY, asimismo manifiesta que “aproximadamente desde Diciembre del año 2020 y hasta la presente fecha nos encontramos separados de hecho por desavenencias que tomaron la relación conyugal de manera insostenible siendo imposible convivir en paz, existiendo por lo tanto la ruptura prolongada de la vida en común desde esa fecha, aumentando el desafecto y el desamor, por lo que decidimos separarnos de hecho estableciendo domicilios distintos…”. Durante la relación conyugal procrearon dos hijas de nombres Daviana Yocselyn Monsalve Espinoza y Daviannymar Josmeidy Monsalve Espinoza, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V-20.178.021 y V-24.941.374 respectivamente; asimismo, no obtuvieron bienes que liquidar.
En fecha 25 de octubre del 2025, se recibe por distribución en jornada de Tribunales Móviles la presente demanda.
En fecha 16 de diciembre del 2025, se le dio entrada a la presente demanda.
En fecha 27 de mayo del 2025, comparece la demandante, ciudadana ANA MERCEDES ESPINOZA, debidamente asistida de abogado, a los fines de consignar los requisitos solicitados por este tribunal.
En fecha 03 de junio del 2025, se admite la presente demanda y se libran las boletas de citación.
En fecha 09 de junio de 2025, comparece ante el despacho el suscrito Alguacil de este Tribunal, quién consignó Boleta debidamente firmada para citar a la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; siendo recibida por la ciudadana Mirla Crismar Materan, quien dijo ser fiscal auxiliar.
En fecha 10 de junio de 2025, comparece ante este Tribunal, la Fiscal Séptima Auxiliar del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial, la ciudadana Abg. Mirla Crismar Materan Gutiérrez, quien presentó un escrito manifestando su opinión favorable para la disolución del vínculo matrimonial solicitado por la parte demandada una vez sea notificada la parte demandada.
En fecha 14 de julio de 2025, comparece ante este tribunal el alguacil de este despacho consignando boleta de citación sin firmar con su respectiva compulsa, que le fuera entregada para citar al ciudadano DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO.
En fecha 16 de septiembre de 2025, comparece ante el despacho el ciudadano DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO, debidamente asistido de abogado, quien consignó diligencia a los fines de darse por notificado en la presente demanda.
LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR LA PRESENTE SOLICITUD, EL TRIBUNAL LO HACE DE LA SIGUIENTE MANERA
Es el caso que la presente causa se fundamentó en Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con carácter vinculante, expediente Nº 2016-000479 de fecha 30 de marzo de 2017; por lo que es menester traer a colación la referida sentencia, que señala:
“…Asimismo, procede esta Sala a determinar el procedimiento de divorcio, por separación de cuerpos y Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil); a seguir por el cónyuge interesado en obtener una sentencia con esa finalidad, en los siguientes casos:
a) La separación de cuerpos (Artículo 762 del Código de Procedimiento Civil)
Es el procedimiento mediante el cual ambos cónyuges de forma libre y espontánea, peticionan ante el juez competente un dictamen que declare la ruptura de la vida en común.
Una vez acordada la misma, los cónyuges pueden de mutuo acuerdo y sin contención alguna, solicitar la conversión de la aludida separación en divorcio.
No obstante, si una vez efectuada dicha solicitud de conversión en divorcio por uno solo de los cónyuges, el otro alegare la reconciliación, el juez para resolver procederá, dentro de los tres días establecidos en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, a la apertura de la articulación probatoria a que se refiere el artículo 607 eiusdem.
b) Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil)
Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto
o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.
Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen
de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante.
Todo ello obedece al respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en las sentencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, N° 446, del 15 de mayo de 2014, expediente N° 14-094; N° 693, de fecha 2 de junio de 2015, expediente N° 12-1163; y N° 1070, del 9 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916. Así se decide.”.
En este orden de ideas, analizado como ha sido por el máximo Tribunal de Justicia, el libre consentimiento que se debe patentizar en las uniones matrimoniales y por cuanto de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se pudo constatar que la legitimidad de los esposos ANA MERCEDES ESPINOZA y DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO, está demostrada con la copia certificada del Acta de Matrimonio de fecha 27 de Julio del año 1990, por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, según comprobación que se hizo con la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 63 del Libro de Actas de Matrimonios Civiles llevados por ese despacho en el Año 1990, y que riela a los 05, 06 y sus vueltos del presente expediente, así como está demostrada la ruptura prolongada de la vida en común, tal como lo alega la demandante en su escrito libelar, manifestando el desafecto ocurrido dentro de dicha relación, y NO EXISTIENDO OBJECIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, tal como se desprende del escrito cursante en autos al folio 25 del presente expediente; en consecuencia, esta Instancia considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el Legislador para su procedencia y ASÍ SE DECLARA:
Por las razones anteriormente explanadas y en virtud de que en la presente causa NO SE PRESENTARON TERCEROS AFECTADOS en la oportunidad concedida en el mismo, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO presentada por la ciudadana ANA MERCEDES ESPINOZA, ya identificada, debidamente asistida de abogado, contra su cónyuge, ciudadano DAVID VICENTE MONSALVE ALEJO, anteriormente identificada, en consecuencia, se DECLARA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CONTRAIDO ENTRE ELLOS, en fecha 27 de Julio del año 1990, por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, según comprobación que se hizo con la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 63 del Libro de Actas de Matrimonios Civiles llevados por ese despacho en el Año 1990; SEGUNDO: Se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy y al Registro Principal del Estado Yaracuy, todo conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente, UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN; TERCERO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. –
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE incluso en la página web YARACUY.SCC.ORG.VE y WWW.TSJ.GOB.VE en concordancia con lo establecido en la Resolución 001-2022 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Jueza Provisoria;
Abg. NEYRA JUANELLY HERRERA
La Secretaria Temporal;
Abg. DARIANGELA BOLAÑO
En esta misma fecha y siendo las 11:34 a.m. Se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal;
Abg. DARIANGELA BOLAÑO
Exp. N°1385/NJH/dyba/dc.-
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