declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado Marcos Humberto Hernández inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 17.326, en representación de la Sociedad Mercantil TEAM TRANSPORTE GOLAR C.A., inscrita el 15 de diciembre de 1997 en el Registro Mercantil Sexto de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, bajo el Nro. 4, Tomo 15 A STO, Providencia Administrativa Nro. 352/06, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas, en fecha 14 de diciembre de 2006, en el expediente Nº 036-06-01-00876. En consecuencia se declara la nulidad de la Providencia Administrativa Nro. 352/06, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas, en fecha 14 de diciembre de 2006, en el expediente Nº 036-06-01-00876.

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional ejercida por los abogados FRANCISCO LEPORE, INDIRA NOEMA ROJAS MEDINA y EDGAR RAFAEL GOMEZ LOPEZ, venezolanos, abogados, mayores de edad e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 39.093, 44.831 y 115.898, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ULMARY GONZALEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 2.141.963, a través del cual interpuso acción de AMPARO CONSTITUCIONAL contra el MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA SALUD.

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el abogado LUIS URANGA VARGAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 25.022, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA CONVIDA C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de mayo de 1996, bajo el Nro. 56, Tomo 132-A-Pro., contra el oficio Nro. 88/2000, de fecha 11 de julio de 2000, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas.

VI DECISIÓN En merito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:  Admite provisionalmente la querella interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por la abogada Giovanna Guzmán Siguenza, actuando como apoderada judicial de la ciudadana PEDRO MIGUEL YANEZ GUERRA, contra el Decreto N° 04-2008 dictado en fecha 15 de diciembre de 2008, por el Alcalde del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda.  Procedente el amparo cautelar solicitado, en consecuencia se suspenden los efectos del Decreto N° 04-2008 dictado en fecha 15 de diciembre de 2008, por el Alcalde del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda, sólo en cuanto se refiere al ciudadano PEDRO MIGUEL YANEZ GUERRA, titular de la cédula de identidad Nº 5.226.062.  Se Ordena al Municipio querellado, remitir a este Tribunal el expediente administrativo del querellante, el cual.....

DISPOSITIVA Sobre la base de los razonamientos antes expuestas este Juzgado Unipersonal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley dicta la siguiente sentencia, en los términos siguientes: PRIMERO: CONDENA al ciudadano PONCE ARTEAGA GUSTAVO RAFAEL, como AUTOR DEL DELITO DE LESIONES PERSONALES GRAVES, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, de conformidad con las normativa contenida en el Artículo 415 con relación de los Artículos 74 numeral 4º, todos del Código Penal, y 367 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se condena al acusado de autos al cumplimiento de las penas accesorias a la de prisión de INHABILITACIÓN POLÍTICA Y SUJECIÓN A LA VIGILANCIA por la autoridad, establecidas en el Artículo 16 del Código Penal, más no al pago de las costas devengada en el presente proceso , de.....

(...) En cuanto al Capitulo Cuarto del escrito de pruebas de la parte actora el Tribunal observa que el medio propuesto es el de la exhibición de documentos, previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines que la demandada haga entrega al Tribunal de todos los recibos del ciudadano actor, a los fines que sean revisados y determinar los montos exactos devengados por el trabajador. La prueba así propuesta no cumple con los requisitos exigidos por la norma mencionada, pues en caso de no exhibición este Juzgador carece de datos aportados por el actor en su escrito de pruebas, para tener como ciertos los documentos solicitados a exhibir seria entonces desechada la pruebas por inocua ante la falta de exhibición, asimismo debe observarse que la parte promovente no aportó copias fotostáticas de las documentales solicitadas en exhibición y como se dijo tampoco suministró con exactitud los datos del contenido de las documentales, lo cual constituye una carga pa.....

(...) En referencia a la prueba de informes con la finalidad de oficiar al Banco de Venezuela, y al Banco Banesco, por cuanto la prueba no es ilegal ni impertinente se admite en cuanto ha lugar en derecho en consecuencia se ordena librar el oficios respectivo a los fines que las referidas Instituciones bancarias informen sobre los particulares requeridos por la parte demandada al Tribunal dentro de los 5 días siguientes al recibo de la comunicación que se le envié. CUMPLASE.- (...)

Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DECIMO TERECERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA opuesta por la parte demandada MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS RENOVABLES., y en consecuencia, SIN LUGAR, la demanda intentada por la ciudadana GLADIS MARGARITA RIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 6.055.757. que por motivo de cobro de INTERESES MORATORIOS E INDEXACION, incoara en contra MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS RENOVABLES. No hay condenatoria en costas por cuanto el trabajador se encuentra excluido conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Finalmente, visto que en el escrito transaccional, las partes mediante recíprocas concesiones, acordaron la cancelación de la cantidad de DIECISIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 17.000,00), para el ciudadano JHON PINTO, pagaderos en dos partes, la primera de ellas el día dos (02) de marzo de 2009 por la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 8.500,00), pago efectuado mediante cheque librado contra el BANCO BANESCO, identificados con el N° 26918205, cuenta corriente N° 01340031830311101706, de fecha 25/02/2009 y la segunda el día dieciséis (16) de marzo de 2009 por la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 8.500,00), este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta, motivo por el cual se deja establecido que se.....

este Tribunal en consecuencia, por cuanto en la Transacción celebrada, no se vulneran normas de orden público ni derechos irrenunciables del trabajador, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia, con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo le imparte su HOMOLOGACION, DANDOLE EFECTOS DE COSA JUZGADA, en consecuencia, una vez que consten en autos la acreditación de los pagos subsiguientes, se procederá a dar por terminado el presente procedimiento, y a ordenar el cierre y archivo del expediente. Se acuerda expedir por Secretaria Copia Certificada. Cúmplase con lo ordenado. Se deja constancia de la entrega en este acto de las pruebas consignadas por las partes al inicio de la audiencia preliminar.