En este estado este Tribunal de conformidad a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y 133 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo; HOMOLOGA el presente acuerdo transaccional en los términos expuestos ordenando agregar a los autos el presente escrito, asimismo advierte a las partes que como quiera que aun existen pagos pendientes por liquidar, el Tribunal procederá a dar por terminado el presente juicio, ordenando el correspondiente cierre y archivo del expediente, una vez conste en los autos la liquidación total del monto convenido. Se acuerda expedir las copias certificadas solicitadas de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la entrega de las pruebas aportadas por las partes y se deja expresa constancia de la devolución de las pruebas aportadas por la partes al inicio de la fase de mediación.

Visto que en fecha 31 de mayo de 2007, fue dictada sentencia por La Sala de Casación Social del tribunal Supremo de Justicia, la cual declaró parcialmente con Lugar la demandada, y visto que decretada la ejecución voluntaria en fecha 25 de septiembre de 2007 y hasta la presente han transcurrido sobradamente mas de los tres días hábiles que concede la ley para su cumplimiento voluntario, sin que la parte demandada de cumplimiento a la a la referida sentencia es por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, PROCEDE A LA EJECUCIÓN FORZOSA. En consecuencia, decreta medida de embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs.72.973.272.04), que comprende el doble de la suma condenada de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO .....

desiste del procedimiento, este Juzgado le imparte su Homologación, dándole efectos de cosa juzgada en virtud que no vulnera derechos del trabajador ni normas de orden público.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, pasa de seguidas a emitir el siguiente pronunciamiento: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el abogado XAVIER ENRIQUE PULGAR MARQUEZ, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: JOSE LEONARDO RODRIGUEZ SALAZAR, en contra de la sentencia dictada en fecha 18 de abril de 2007, y publicada en fecha 07 de mayo del presente año, por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condenó al ciudadano antes mencionado a cumplir la pena de Ocho (8) años de presidio, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal vigente para la fecha del hecho punible, e.....

Se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva, mediante la cual se Homologó el Desistimiento del Procedimiento formulado por el Estimante en Honorarios, en fecha 4 de octubre de 2007.

este Tribunal LA ADMITE cuanto ha lugar en derecho, se ordena la citación de la empresa INVERSIONES TERVAL C.A.,

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 7 de enero de 2000, por el abogado Horst Ferrero Jaimes, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.505.575, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 66.939, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente HAYES WHEELS DE VENEZUELA, C.A. En consecuencia: 1) Se declara improcedente el alegato de Inmotivación. 2) Se ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución N° 210.000.1777 de fecha 20 de octubre de 2000, emitida por el Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por consiguiente: Se ANULAN las siguientes sumas: i) La cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 6.611.150,00), por concepto de aporte del dos por ciento (2%), previ.....

Planteadas así las cosas, este Tribunal observa que la controversia en el presente asunto se circunscribe a determinar: i) Si resulta aplicable al caso de autos la eximente de responsabilidad penal sobre el error de hecho, prevista en el literal “c” del artículo 79 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis; y ii) Si resulta improcedente aplicar en el presente asunto la reiteración en la imposición de multas.

"...este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los Abogados: Abogados: RODOLFO PLAZ ABREU y ALEJANDRO RAMIREZ VAN DER VELDE, ampliamente identificados en la narrativa de este fallo, es su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil "INDUSTRIAS DEL MAIZ C.A", en contra del Acto Administrativo tácito denegatorio producto del silencio administrativo por la no decisión del Resolución N° 150 de fecha 16 de Diciembre de 1996, emanada de la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Aragua, mediante la cual se le impone cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.9.835.800,00) por concepto de impuesto complementario de Patente de Industria y Comercio..."

Con respecto a la otra alegación de la contribuyente recurrente, sobre el plazo que tenía la Administración Tributaria, para imponer las sanciones después de haber practicado la verificación fiscal, el Tribunal considera que esta alegación está referida a aquellos procedimientos en los cuales se haya abierto un sumario administrativo. El presente caso, se trata de un procedimiento de verificación fiscal en el cual el Código Orgánico Tributario no limita el plazo o tiempo para que la Administración sancione al contribuyente por el incumplimiento de un deber formal verificado en la actuación fiscal. Así se declara. En virtud de lo expuesto, se consideran improcedentes las alegaciones de la contribuyente recuerrente y; en consecuencia, procedentes las multas impuestas. Así se declara.