En el día 07/03/07, se dictó sentencia mediante la cual se declaró IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la ciudadana YURILMA ROSA ARANGUREN ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 12.386.615, a favor del niño JIMMY SE OMITEN DATOS. Se ordena la devolución de los originales consignados.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCIÓN y extinguida en consecuencia la Instancia en esta causa.

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, S.A., contra la Resolución GCE-DJT-2006-1393, de fecha 05 de junio de 2006, notificada en fecha 09 de junio de 2006, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declara sin lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente en fecha 01 de septiembre de 2005, contra la Resolución de Imposición de Sanción GRTICE-RC-DF-0116/2005-06 de fecha 27 de julio de 2005, emanada de la División de Fiscalizaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y T.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCIÓN y extinguida en consecuencia la Instancia en esta causa.

Con fundamento en los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil TRADECAL, S.A., contra: Resolución GCE/99-0754, de fecha 08 de marzo de 1999, notificada a la recurrente en fecha 08 de abril de 1999 y la Planilla de Liquidación número 01-10-38-000027, también de fecha 08 de marzo de 1999, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Planilla esta en la cual se determinó y liquidó a cargo de la recurrente, la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 310.910.817,00), por concepto de intereses moratorios......

Por todo lo expuesto, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara consumada la perención y extinguida, en consecuencia, la instancia de esta causa.

Vistas las consideraciones anteriores y de conformidad con los artículos 115 y 317 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Superior Quinto en lo Contencioso Tributario en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR, la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por HUMBERTO A. RUIZ. R, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, con cédula de identidad número V.- 9.512.026, de profesión abogado, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.897, actuando en mi condición de representante judicial de la sociedad mercantil TALLERES ROOTES, C.A; sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de Septiembre de 1.964, bajo el No. 71, Tomo 30-A; carácter el mío que se desprende de documento poder debidamente autenticado ante la Notaría Publica Décimo Séptima del Municipio Libertador.....

En consecuencia se decreta la SEPARACION DE CUERPOS Y DE BIENES, en los mismos términos, fines y condiciones por ellos convenidos, de conformidad con los artículos 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el Parágrafo Primero del artículo 762 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al hijo habido en el matrimonio, le imparte la respectiva homologación al acuerdo suscrito por los solicitantes en todo cuanto no sea contrario a derecho. Expídanse por secretaría las copias certificadas que soliciten y regístrese en la oficina subalterna correspondiente.

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada YOLANDA PAZ CUYATO, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha once (11) de enero de 2007, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo. SEGUNDO: CON LUGAR la defensa relativa a la existencia de cosa juzgada alegada por la parte demandada. TERCERO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana MARIA PAULINA CAMERO DE OLIVARES contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. Se modifica el fallo recurrido, únicamente en lo que respecta a la condenatoria en costas. No hay condenatoria en costas.

INADMISIBLE la recusación interpuesta por el abogado JOSE FRANCISCO SANTANDER LOPEZ, actuando en su condición de parte apoderado judicial de la parte co-demandada Inversiones Inmobiliaria 535-21, C.A., en contra del Dr. Irack Marquez, Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial. SEGUNDO: Se condena el pago de diez (10) unidades Tributarias a la parte recusante, el cual deberá pagar en el lapso de tres (03) días hábiles siguientes a la publicación del presente fallo que será en el día de hoy, ante la Oficina Receptora de Fondos Nacionales para su ingreso en la Tesorería. Se advierte si el recusante no pagaré la multa en el lapso establecido sufrirá un arresto, en la Jefatura Civil de la localidad, hasta de ocho (08) días, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.