Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como las partes lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada y exhortando a las partes darle fiel cumplimiento a lo acordado en esta Acta.y una vez que conste en auto el último pago acordado en esta acta, se ordenará mediante oficio el cierre del expediente.Así mismo se deja constancia de la entrega a cada parte de las pruebas consignadas al inicio de la audiencia.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACION interpuesto el 27 de enero del 2005, por el accionado, ciudadano EDGAR JOSE SIVIRA SOLARTE, asistido por la abogada YELITZA MERCADO FLORES,, contra la sentencia interlocutoria dictada el 15 de diciembre del 2004, por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Sal de Juicio N° 1, Juez Unipersonal N° 2, con sede en esta ciudad.- SEGUNDO: en consecuencia queda sí firme la decisión objeto de la presente apelación.

PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano JOSE LUIS ROSAS CASANOVA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V- 7.122.403, en contra de la sociedad de comercio VENEZOLANA DE PREVENCION, C.A. (VEPRECA), originalmente inscrita por ante el Registro de comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 04 de Agosto del año 1970, bajo el N° 67, tomo N° 1, y condena a esta a cancelar los siguientes montos y conceptos: CONCEPTO Total 1.- Daño Moral 45.000.000,00 2.- Indemnización art. 33, parágrafo 2, numeral 1 de L.O.P.C.Y.M.A.T. 8.993.600,00 Se ordena la corrección monetaria de la suma debida por concepto de la indemnización prevista en el particular N° 02 del cuadro sinóptico anterior, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la ejecución del fallo, mediante un solo experto nombrado de común acuerdo por las partes .....

LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente caso, conforme lo establece el Artículo 269 eiusdem. La Juez Temporal, Abogada CLAUDIA ALEXANDRA OLAVARRIA La Secretaria, Abogada MARITZA RAFFO PAIVA EXPEDIENTE N° 1994 / 1781 CAO/MRP/francis.

CON LUGAR la inhibición planteada por la Dr. BERTHA FERNANDEZ DE MORA, Juez del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Recepciòn y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral a los fines de su distribución al Juzgado Superior que le corresponda conocer. Se ordena dejar copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, a los fines de su registro. Remítase copia de la presente decisión a la Juez inhibida, a los fines de su control disciplinario. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA

CON LUGAR la inhibición planteada por la Dr. BERTHA FERNANDEZ DE MORA, Juez del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Recepciòn y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral a los fines de su distribución al Juzgado Superior que le corresponda conocer. Se ordena dejar copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, a los fines de su registro. Remítase copia de la presente decisión a la Juez inhibida, a los fines de su control disciplinario. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA

En fuerza de las anteriores consideraciones este Tribunal Administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara CON LUGAR la demanda de DESALOJO intentada por la abogada DILCIA KATIELLA LOPEZ MORILLO actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIANGEL TARIBA, contra la ciudadana ANA INES GERARDO CUMARE, representada por el abogado RAFAEL HUMBERTO RAMOS BLANCO todos ya identificados. En consecuencia se condena a la demandada a Desalojar el inmueble arrendado constituido por un apartamento distinguido con el No. 4, ubicado en el Edificio C, grupo 3, primer piso en la Urbanización Michelena, Parroquia San Blas, Municipio Valencia del Estado Carabobo y entregarlo a la parte actora en el mismo estado en que lo recibió y solvente en el pago de todos los servicios prestados al inmueble

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara perimida la instancia en la demanda intentada por el ciudadano RAFAEL ANGEL ZEREGA MENDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana NORMA ZEREGA HERNANDEZ, y así debe ser declarada por el tribunal.- Publíquese y déjese copia certificada. Notifíquese a las partes de esta sentencia. Dada firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Tercero de Municipio del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en Puerto Cabello, a los once (11) días del mes de Marzo del año Dos Mil Cinco. Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación.- LA JUEZ PROVISORIO, LA SECRETARIA, En la misma fecha se Publicó siendo la una y cincuenta (1:50) hora de la tarde y se dejó copia en el archivo del Tribunal.- LA SECRETARIA,

este Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ACUERDA el Beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL, al penado RICHARD OLIVO REY, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.078.712 de conformidad con lo pautado en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 272 de la Carta Magna

UNICO: SE DECRETA LA PERENCION DE LA INSTANCIA. En consecuencia la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo de fecha 09 de mayo de 1.990, queda con fuerza de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil. Todo en el juicio seguido por ALIMENTOS CONCENTRADOS SOUTO, C.A., en contra de AGROPECUARIA LA CABAÑA, S.A. y el ciudadano TITO RAMON APONTE LOPEZ.