Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado José Gregorio García Lemus, actuando como apoderado judicial de la ciudadana YAQUELINE DEL VALLE GIL BALZA, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO ADSCRITA AL MINISTERIO DE FINANZAS), en consecuencia se declara nulo el acto administrativo contentivo de la Amonestación Escrita que le fuera impuesta a en fecha 31 de marzo de 2008.

Admisión de Pruebas

corrección de sentencia

DECISIÓN Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se ADMITE provisionalmente, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, el recurso contencioso administrativo de nulidad funcionarial (querella), interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo constitucional como medida cautelar, por la ciudadana BENIGNA MERCEDES PIÑANGO de GAMERO, por intermedio de su apoderada judicial, abogada GIOVANNA GUZMÁN SIGUENZA, ambas suficientemente identificadas en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en el Decreto No.04-2008, dictado en fecha 15 de diciembre de 2008, por el ciudadano Alcalde del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual paralizó temporalmente el pago de jubilaciones y pensiones de funcionarios.....

DECISIÓN Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se ADMITE cuanto ha lugar a derecho, salvo su apreciación en la definitiva, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la empresa HERMA GAS, C.A., conjuntamente con pretensión de amparo constitucional como medida cautelar, por intermedio de su apoderado judicial, abogado RAFAEL FUGUET ALBA, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 00124-2008, dictada en fecha 22 de abril de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a el ciudadano RÓMULO ANTONIO SANTAELLA. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el aparte once del artículo 2.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley CONFIRMA la medida cautelar acordada en fecha 14 de enero de 2009.

Por los razonamientos antes expuestos este JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana ANALYS DEL CARMEN GIL PEREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con la cédula de identidad N° V.- 10.375.884, en contra de la Sociedad Mercantil INVESTIGACIONES CIENTIFICAS HENRI BECQUEREL, S.R.L., plenamente identificada en autos, condenándose a la referida demandada al pago de los conceptos y cantidades que en definitiva resulten de la experticia complementaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en la parte motiva del presente fallo.

En relación con la prueba de informes promovida por el apoderado judicial de la demandada al Capítulo IV, donde solicita se oficie al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA REGION CENTRAL, con sede en MARACAY, Estado Aragua; y a la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE MARACAY. ESTADO ARAGUA, para que informe a este Tribunal sobre los expedientes Nº AC-7546 y 043-05-01-00008. Este Juzgador considera que este no es el medio apropiado para traer dichas documentales a juicio, pues bien pudo la parte accionada solicitar copias certificadas y consignarlas. Razón por la cual se niega su admisión. Así se establece.-

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal TRIGESIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION MEDIACION Y EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por la ciudadana SHEILA VASQUEZ MONTIEL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad No. 11.199.402, contra la accionada "ADMINISTRACCIONES RONEY, C. A., ", debidamente identificada en autos, y ordenando el pago condenado final, que se determinara mediante experticia.

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto, en consecuencia, se declara terminado el presente juicio y se ordena el cierre y archivo del expediente. Asimismo, con relación a la solicitud de copias certificadas del escrito transaccional con inserción del presente auto, este Despacho acuerda lo solicitado de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le insta a las partes a consignar las copias simples del escrito transaccional así como del presente auto a los fines de proveer lo solicitado. Así se decide. Cúmplase lo ordenado.