Vista la demanda presentada por los abogados Miguel Angel Pérez Mellado, María Isleyer Aray y Adriana del Valle Suárez, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 71.662, 61.634 y 86.827, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Wilmer Apolinar Chacón Casique, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 7.955.660, el Tribunal le da entrada y la admite cuanto ha lugar en derecho por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 756 del Código de Procedimiento Civil, se emplaza a las partes para que comparezcan por ante este Despacho personalmente a las once de la mañana (11:00 a. m), del primer (1er) día de despacho siguiente pasados que sean CUARENTA Y CINCO (45) días continuos después de la citación de la parte demanda.....

ordena oficiar lo conducente al referido Registro participándole de la suspensión de la mencionada medida que pesa sobre el siguiente bien inmueble: Apartamento distinguido con el número uno raya tres (1-3), ubicado en el primer piso del edificio "Residencias El Trapicho", situado en la Avenida 28 cruce con calle antes primera de la ciudad de Araure, Distrito Araure del Estado Portuguesa, con una superficie de CINCUENTA Y OCHO CUADRADOS (58 mts2), cuyos linderos son: NORTE: Fachada norte del edificio; SUR: Apartamento número uno raya cuatro (1-4); ESTE: Patio de la zona de estacionamiento; y, OESTE: Pasillo de área común. El referido inmueble le pertenece al demandado ciudadano OMAR CELSO SANTANDER, titular de la cédula de identidad Nº 2.893.919, según documento protocolizado por ante la referida oficina en fecha 07-08-80, bajo el Nº 19, Tomo III, Protocolo Primero. Dicha suspensión fue participada mediante oficio Nro. 0223 de fecha 25-01-89

Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico le confirió facultades a la Representación del Ministerio Público, entre ellas, las de participar y ser vigilante en este tipo de procedimiento, pero, no es menos cierto que la ley requiera una fecha exacta en cuanto a la separación, sino que ésta sea por más de cinco (5) años, es decir, no exige que los solicitantes indiquen el día y mes, en que ocurrió. De tal manera, que habiendo manifestado los solicitantes haber permanecido separados, desde el año 2000, esto equivale a más de cinco años, debe declararse, como en efecto se hace, improcedente la solicitud efectuada por la representación del Ministerio Público.- En este estado el Tribunal observa: Consta del examen de los autos que se han cumplido todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil, por lo cual, se declara procedente el divorcio solicitado, Y ASÍ SE DECIDE. .....

Por recibida y vista la presente solicitud de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE BIENES, presentada por los ciudadanos JUAN MANUEL SANTANA y MARTHA DE JESUS ROJAS FUENMAYOR, venezolanos, cónyuges, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.485.291 y 10.546.476, respectivamente, asistidos por la abogada MIREYA MEDINA CASTILLO DE TORRES, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 8.291, este Tribunal por cuanto la misma no es contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, la admite cuanto ha lugar en derecho. Así mismo por cuanto el Tribunal los exhortó a la reconciliación sin lograrse ésta, es por lo que se DECRETA dicha SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE BIENES, en los mismos términos y condiciones por ellos señalados, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Civil vigente en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la anterior solicitud de honorarios profesionales presentada por los ciudadanos ciudadanos LUIS GOMES SAEZ y GUSTAVO CASTRO ESCALONA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 6.154.949 y 10.691.353 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.678 y 72.437, este Tribunal considerando que la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de Ley, la admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se ordena emplazar a la C.A. SOFIMERCA MERCADO DE CAPITALES, CASA DE BOLSA (SOFIMERCA), en la persona de su represente legal ciudadana MARLENE FERRER DE FONTANILLAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 627.528, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de .....

Así las cosas, una vez haya sido decretada una medida cautelar en un procedimiento, debe entenderse que el Juez verificó el cumplimiento de tales extremos concurrentes; y en tal sentido la oposición de parte, debe ir dirigida a desvirtuar los extremos legales concurrentes que llevan al Juez decretar la medida cautelar. Es decir, oponerse a la medida preventiva es requerir al Juez la revisión de una medida decretada y ejecutada, por considerar que se decretó y se ejecutó sin la fundamentación legal exigida, violando la normativa expresa o las condiciones de existencia que le son propias a dicha cautela. Así la oposición de la parte debe ir dirigida a demostrar el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la medida, a destruir aquéllos fundamentos fácticos que el Juez de mérito consideró para decretar la medida. En este orden de ideas, considera esta Juzgadora que mal puede el demandado pretender enervar la medida de prohibición de enajenación y gravar decretada en el prese.....

Vista la sentencia de interdicción definitiva dictada a favor de la ciudadana MIRNA PEDRON, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 15.834.783, en fecha 17 de abril del presente año, este Tribunal acuerda la remisión mediante oficio del presente expediente, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines de que mediante el sorteo respectivo designe el Juzgado que deberá pronunciarse sobre el referido fallo (consulta obligatoria), de conformidad a lo establecido en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la diligencia de fecha 14 de junio de 2006, suscrita por el abogado JOSE FRANCISCO AVILA MARCANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 12.879, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano CESAR ZUÑIGA MEJIA, mediante la cual apela contra la sentencia dictada en fecha 03 de mayo de 2006, este despacho de conformidad con lo establecido en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, oye la misma en ambos efectos; y, ordena remitir el presente expediente mediante oficio al Juzgado Superior Distribuidor de Turno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que mediante el sorteo respectivo designe el Tribunal que ha de decidir la referida apelación.

Dispone el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil: "Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución". Ahora bien, estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, observa este Tribunal que la representación judicial de la parte actora tiene facultad para transigir, la cual se desprende del poder cursante a los folios 13, 14 y 15; y, la representación judicial de la parte demandada cuenta con la misma facultad de transigir, tal y como se evidencia del poder cursante a los folios 194 y 195, otorgado por la co-demandada Zulia Electrónica Compañía Anónima, así como en el poder consignado junto con la transacción celebrada entre las partes otorgado por el codemandado ciudadano Antonio Brito A.....

Vistas las precedentes actuaciones que conforman la presente solicitud de DIVORCIO 185-"A", presentada por los ciudadanos: SOLMAR BEATRIZ TORRES RIVERO y JOSÉ LEONEL MORÍN FRANCO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.906.309 y 6.828.040, respectivamente, asistidos por el abogado Leomagno Flores Alvarado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°18.687, fundamentando su solicitud en el artículo 185-A del Código Civil, este Tribunal la ADMITE, por cuanto ha lugar en derecho.- En consecuencia, se ordena la notificación mediante boleta al Fiscal del Ministerio Público (de turno), a fin de hacer de que comparezca dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, para que en dicha oportunidad manifieste lo que considere conveniente acerca de la presente solicitud