REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero Superior Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintitrés ( 23) de mayo de dos mil siete (2007) 196º y 147º ASUNTO : AC22-R-2006-000046 Visto el desistimiento consignado, en fecha 16 de enero de 2007, por la apoderada judicial de la parte demandada, abogada MARIA LÓPEZ ARÉVALO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la empresa SOCIEDAD MERCANTIL "SEGUROS NUEVO MUNDO S.A.", mediante la cual desiste de la apelación ejercida en fecha 24 de Octubre de 2006, en contra del auto de fecha 19-10-06, emanado del Juzgado 7° de Primera Instancia del Trabajo de Sustanciación, Mediación y Ejecución Transitorio de este Circuito Judicial, apelación que fue oída en fecha 26 de octubre de 2006, por cuanto la representación de la parte demandada se encuentran expresamente facultada para desistir, según lo previsto en el articulo 154 del Código de Procedimi.....

Inadmisible el recurso de apelación; y, Ordena la Intimación de los codemandados Octavio Cabrera Amaral, José Gato Gómez y Manuel Santalla Gato, plenamente identificados, con la finalidad de que comparezcan por ante el a-quo al cuarto (4°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la última intimación que se efectúe a las once antes meridiem (11:00 a.m.) a los fines que bajo apercibimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil exhiba o hagan entrega de los documentos, libros, facturas, comprobantes y todo tipo de documento necesario para formar las cuentas, conforme a la decisión del 9.08.2004 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-

Se Homologa en todas y cada una de sus partes el Convenio de Obligación Alimentaria.-

SE DICTÓ AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ Y SE HOMOLOGÓ CONVENIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA, SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS YELITZA MARIA BOLIVAR ITRIAGO y JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 315 DE LA LOPNA.

"..El presente juzgador, compartiendo el criterio jurisprudencial establecido por la Corte Superior del Circuito Judicial de Protección ya mencionada, visto que la acción intentada en el expediente de marras es autónoma, no existiendo normas en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que señalen que el juez que conozca de la revisión de la obligación sea el que conozca a su vez de otras solicitudes posteriores, procede en consecuencia de conformidad con lo establecido en el articulo 70 del Código de Procedimiento Civil, a declarar la existencia de incompetencia negativa en el presente caso, remitiendo las copias que sean necesarias al superior común de ambos Tribunales a fin que decida la regulación de competencia.."

declara: PRIMERO: CON LUGAR acción de liquidación de comunidad interpuesta por la ciudadana SUNILDA JOSEFINA SILVA, contra el ciudadano MARIO JOSÉ ABREU PACHECO, ambas partes identificadas al inicio de este fallo.- SEGUNDO: Se ordena la partición en partes iguales (50% para cada uno) de las prestaciones sociales y haberes en la Caja de Ahorros de la Guardia Nacional, en virtud de los servicios prestados por el demandado a las Fuerzas Armadas Nacionales. TERCERO: Se ordena proceder al nombramiento de partidor una vez quede firme el presente fallo.- Publíquese, regístrese y déjese copia en el en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.-

Se dictó sentencia mediante la cual CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal del Undécimo Distrito Judicial en y para el Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, de fecha 7 de noviembre de 1996, conforme a las normas sustantivas establecidas en la parte motiva del presente fallo que se dan aquí por reproducidas íntegramente.

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DE LA REGIÓN CAPITAL, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ejercido por la contribuyente "TRANSPORTE REFRIGERADO Y DISTRIBUIDORA DE CARNES FRANCISCO ONORATO, C.A.", en contra de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo distinguida con el N°. SAT-GRCO-600-2-000123 de fecha 26 de junio de 2.000, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), organismo adscrito al Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que queda FIRME el reparo impuesto por concepto del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor. No obstante, se declara la NULIDAD en lo que respecta a.....

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 09 de octubre de 2002, por el abogado Gustavo Rodríguez R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.1.140.450, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 1.548, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente PLASTEK DE VENEZUELA, C.A., contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2493, de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la Gerencia General de Finanzas del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y notificada a la recurrente en fecha 4 de noviembre de 2003. En consecuencia se confirma la Resolución supra identificada, en los siguientes términos: 1. SE ANULAN los siguientes montos: i) La cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECISEIS BOÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 3......

Visto que el presente asunto se encuentra en estado de dictar sentencia definitiva, sin que haya sido resuelta la solicitud de suspensión de efectos del acto recurrido, este Tribunal encuentra inoficioso entrar a analizar el referido pronunciamiento previo. ASI SE DECLARA. Vistos los términos en que ha quedado planteada la controversia, este Tribunal observa que la misma se circunscribe a determinar únicamente si en el sumario administrativo del presente asunto operó la caducidad prevista en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario vigente. Para decidir, este Tribunal observa que no consta en el expediente, ni en original ni en copia certificada, el expediente administrativo correspondiente a la contribuyente por los hechos sub judice, razón por la cual, deben tenerse como fidedignos los documentos consignados por la recurrente. ASI SE DECLARA.