Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO.- CON LUGAR la apelación interpuesta el 19 de marzo de 2013, por el abogado IGNACIO BELLERA MANINAT, apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia interlocutoria dictada el 13 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial.- SEGUNDO.- SE ANULA la sentencia interlocutoria dictada el 13 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial. TERCERO.- SE REPONE LA CAUSA AL ESTADO en que el Juzgado "a-quo" DECRETE LA MEDIDA DE SECUESTRO, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Queda así REVOCADA la sen.....

Con fundamento en lo expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la circunscripción judicial del estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA LA MEDIDA DE SECUESTRO sobre "Un apartamento el cual tiene una superficie aproximada de NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (91,00 Mts2); distinguido con el número y letra 15-F, y consta de las siguientes dependencias siguientes. Sala-comedor, cocina, oficios, un (1) estudio, una (1) habitación principal con un baño, una (1) habitación auxiliar y un (1) baño para visitantes, y se encuentra comprendido dentro de los linderos siguientes: NORTE: Con pared de lindero del apartamento tipo "A" y fachada Norte; SUR: con escaleras; ESTE: Con fachada este del Edificio y OESTE: Con pasillo de circulación. Le corresponde un (1) puesto de estacionamiento, con capacidad para tres (3) vehículos, signados con el Nro. 23, y un maletero signado con el Nro. 18, ubicados en la p.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se acuerda expedir las copias certificada de la presente acta, solicitada por las partes. Se ordena el cierre del presente expediente, una vez conste en auto el cumplimiento de la obligación respecto a los pagos convenidos, así como su posterior remisión a la Oficina de Archivo. Igualmente se acuerda en este acto regresar los escritos de pruebas y documentos probatorios presentados al inicio de la audiencia preliminar. EL JUEZ Abogado JOSE GREGORIO KELZI APODERADA DE LOS DEMANDANTES. APODERADA DE LA EMPRESA DEMANDADA .....

En criterio de quién decide, que las medidas cautelares en el marco de un procedimiento laboral, no pueden ser acordadas sin que se agote la fase correspondiente a la mediación, figura de vital importancia en el nuevo proceso laboral y que constituye el alma del procedimiento. Sin embargo, solo en casos extremos, cuando se demuestre la necesidad de decretar medidas preventivas, podría el juez laboral acordar medidas cautelares, pero para ello el interesado deberá demostrar fehacientemente, la existencia de una presunción grave del derecho que reclama y por supuesto debe probar la existencia de un fundado temor de que pueda quedar ilusorio la ejecución del fallo, presupuestos que se encuentran in situ en las medidas cautelares prevista en la nueva legislación adjetiva laboral, y siendo que en el presente caso no se han cumplido los requisitos de probabilidad de las medidas preventivas, o sea, el PERINCULLUM IN MORA y el FOMOS BONUS IURIS, lo cual corresponde al sistema de causalidad, es.....

El Tribunal de la causa, con vista a la transacción presentada por las partes y verificado el pago realizado y suscrito entre las partes y por no ser contrario a derecho y no violar precepto legal alguno, de conformidad con lo establecido en los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 261, 262 y 263 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es por lo que este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo lo Homologa en los Términos acordado por las partes, dándole efecto de Cosa Juzgada. Se ordena librar oficio a los fines del cierre del expediente y su custodia.

Por lo que el Tribunal de la causa, con vista al convenimiento presentado por las partes y verificado el pago realizado y suscrito entre las partes y por no ser contrario a derecho y no violar precepto legal alguno, de conformidad con lo establecido en los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 261, 262 y 263 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es por lo que este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, LO HOMOLOGA EN LOS TERMINOS ACORDADO POR LAS PARTES, DANDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA. Se ordena librar oficio a los fines del cierre del expediente y su custodia.

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se acuerda expedir las copias certificadas de la presente acta, solicitadas por las partes. Se ordena el cierre del presente expediente, así como su posterior remisión a la Oficina de Archivo. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman. LA JUEZ, Abg. KybeleChirinos Montes, El EX TRABAJADOR , La abogada asistente del EX TRABAJADOR , Por la COMPAÑÍA, La Secretaria,

Vista la transacción celebrada entre las partes intervinientes en la presente causa en fecha 26 de Abril de 2013, se Homologa la misma, y por cuanto los acuerdos alcanzados por estas no vulneran derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni hay violación de normas de Orden Publico, en consecuencia, se da por terminado el juicio, se le otorga los efectos de Cosa Juzgada, se ordena el archivo del expediente. Hágase la anotación en el libro de entradas y salidas LA JUEZ, KYBELE K. CHIRINOS MONTES LA SECRETARIA, YOLANDA BELIZARIO

Por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte actuando con Retasadores administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 335.000,00) como monto de los honorarios profesionales que debe pagar el Municipio Falcón del Estado Cojedes, a los abogados demandantes, Héctor Rafael Gámez Arrieta, Carmen Rosa Gámez Colmenares, José Elías Pinto Ojeda y Luis Rafael Herrera Montenegro, titulares de las cédulas de identidad Nº 1.353.279, 4.229.423, 4.134.580 y 14.078.620 respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO con los Nº 2.769, 16.264, 22.255 y 122.053, por haber actuado en el juicio de Amparo Constitucional, seguido en el expediente Nº 12.178 de este mismo Juzgado. SEGUNDO: Se ordena notificar a las partes del presente juicio.

SE ADMITE la demanda de marras por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa por la Ley. Ahora bien, de conformidad con el criterio impuesto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 01 de junio de 2011, se establece lo siguiente: "El proceso de intimación de honorarios profesionales de abogado, pautado en el articulo 22 de la Ley de Abogados tiene carácter autónomo y puede comprender o abarcar dos etapas, una de conocimiento y la otra de retasa, según la conducta asumida por el intimado. En la etapa de conocimiento, cuya apertura se produce con la introducción del escrito de estimación e intimación de los honorarios, lo que constituye una verdadera demanda de cobro, una vez citado el demandado, éste dispone de diez dias para impugnar el cobro de honorarios intimados y para acogerse a la retasa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley de abogados. (Cfr. sentenc.....