En tal sentido este Tribunal con base al principio de dirección del proceso por el Juez y en aras de garantizar el derecho de defensa y mantener a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Civil, REVOCA por contrario imperio el auto de fecha 11 de julio de 2005, solo en lo que respecta a la fijación de los lapsos de informes y observaciones, en consecuencia, quedan sin efecto, todas las actuaciones subsiguientes hasta la presente fecha, y se fija de conformidad con lo dispuesto en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, el DÉCIMO (10°) DÍA DE DESPACHO siguiente a la presente fecha para dictar sentencia en la presente causa. Así se establece.

Este Tribunal Decreta al imputado RICHARD JOSE PERDOMO GUTIERREZ, antes identificado, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTES DEL DELITO ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo, Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, como es la presentación de cada Treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial y la Prohibición de salida del Estado Carabobo, sin autorización del Tribunal. Así mismo, se acuerda procedimiento por vía ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 373 ejusdem. Remítase la actuación a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en su oportunidad. Líbrese Oficio.

Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Tercero de Municipio, del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la cuestión previa opuesta por la parte demandada con fundamento en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en la acción interpuesta por el ciudadano MIGUELANGEL ÁLVAREZ, contra la ciudadana NANCY QUIÑONES, ambas partes identificadas en el presente fallo. Por cuanto la parte actora, resultó totalmente vencida en la presente incidencia se le condena en costas de Ley conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Como quiera que conforme a lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la presente decisión es inapelable; queda expresamente entendido que el presente procedimiento continuará su curso hasta llegar al estado de sentencia def.....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, administrando Justicia y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SE REPONE la causa al estado de que se fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar. SEGUNDO: SE ORDENA la Notificación de las codemandadas Promotora Isluga, C.A., y Consorcio Cima La Macaguita, quedando a derecho la parte actora y las codemandadas Agropecuaria La Macaguita, C.A y Mercantil Servicios Financieros, C.A. TERCERO: DADA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, quedan NULAS todas las actuaciones subsiguientes al auto de admisión de la reforma de la demanda y este Juzgado SE ABSTIENE de emitir pronunciamiento sobre las apelaciones ejercidas.

razones por la que se ADMITE dicho Recurso en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, de acuerdo a lo señalado en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.

Por todo lo antes expuesto, en virtud de que el recurrente del caso de marras, no está asistido por abogado tal y como lo exige la ley, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, declara INADMISIBLE el presente recurso contencioso tributario por no tener la capacidad necesaria para comparecer en juicio, el ciudadano Juan Fernández, actuando en su carácter de administrador de la firma mercantil L&G JOYAS, C.A., y así decide.

Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, da por consumado el acto, en consecuencia, declara HOMOLOGADO el desistimiento formulado por la ciudadana Isaura Carrión de Echeverría, en su carácter de representante legal de la contribuyente FARMACIA COROMOTO (FARCO, S.R.L.), pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual origina la terminación del presente proceso.

D I S P O S I T I V A Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Defensora Pública Abg. BLANCA ZULINA JIMENEZ PINTO, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 19 de Septiembre de 2.005, por la Juez Sexta en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENO al ciudadano JERRY DOUGLAS FIGUEROA OCHOA, de las imputaciones formuladas en su contra por la Representación Fiscal por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO.

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por el abogado EDISON RODRÍGUEZ LOVERA actuando en su carácter de apoderado judicial de parte actora NELLY COROMOTO VILLEGAS. SEGUNDO: CON LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA opuesta por la parte demandada CARMEN TERESA PÉREZ, contenida en el ordinal 9º del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la cosa juzgada. TERCERO: SIN LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA opuesta por la parte demandada CARMEN TERESA PÉREZ, contenida en el ordinal 11º del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la prohibición dela ley de admitir la acción propuesta.

Se dictó auto decretando medida cautelar sustitutiva de libertad en contra de JOHAN JOSÉ CARRIZALEZ por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL imponiéndolo de las condiciones y fianza respectiva. Se ordenó su libertad una vez constituida la fianza. Quedaron notificadas las partes de la decisión y se ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía 22° del Ministerio Público.