este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastidas de La Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA a favor de la ciudadana HILDA BEATRIZ MARTÍNEZ

Estando ambas partes de acuerdo y siendo que no se vulnera los derechos de los niños de autos, en consecuencia este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se HOMOLOGA en sus propios términos dichos convenios, por no ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada.

En consecuencia, este Tribunal Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio 185 en los mismos términos en que expuestos en el escrito libelar y declara disuelto el vínculo matrimonial, que unía a los ciudadanos OSWALDO GUSTAVO MARQUEZ MUÑOZ y KATHERINE ALEJANDRA LABRADOR LOPEZ venezolanos, mayores de edad titular de la cedula de identidad Nº 16.260.328 y 18.302.959

Por las razones anteriormente explanadas y en virtud de que en la presente causa NO SE PRESENTARON TERCEROS AFECTADOS en la oportunidad concedida en el mismo, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO presentado por la ciudadana YASMIRA DEL VALLE PÉREZ QUINTERO, ya identificada, debidamente asistida de abogado, contra su cónyuge, ciudadano JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMOS, anteriormente identificados, se DECLARA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CONTRAIDO ENTRE ELLOS el día trece (13) de Julio de 2011, por ante el Registro Civil del Municipio Independencia, Estado Yaracuy, según comprobación que se hizo con la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 70, Folio 70, Tomo I del Libro de Matrimonio llevad.....

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de divorcio interpuesta por la ciudadana EDITH MARIA PERAZA RODRIGUEZ contra el ciudadano JHONATAN DAVID IGUARAN TURIZO, plenamente identificados en autos, fundamentada en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil Venezolano y consecuencialmente, SEGUNDO: SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CONTRAÍDO ENTRE ELLOS por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Albarico, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, según acta N° 25, de fecha 07 de septiembre de 2017. TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE PERDIDOSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: POR CUANTO LA PRESENTE DECISIÓN salió dentro del lapso legal, no se requiere la notificación de las partes intervinientes del juicio.

DECRETA las presentes actuaciones TÍTULO DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, de la ciudadana OCHOA BOLAÑOS MARÍA ENCARNACIÓN, quién era venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.578.261 y residía en el sector Punta Brava, calle 21, entre avenida 8 y 9, casa N° 8-14, municipio San Felipe, estado Yaracuy; suficientes para asegurarle el derecho, que le corresponde a la ciudadana OCHOA MARY CARMEN, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.950.836, asistida la solicitante ciudadana OCHOA MARY CARMEN, antes mencionada e identificada, por el abogado BERMUDEZ OCHOA MIGUEL ALFREDO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 269.291. Quedan a salvo los derechos de terceros. Devuélvanse a la solicitante, las presentes actuaciones que forman el expediente Nº 4.728-22 (de la nomenclatura interna llevada por este Tribunal), y déjese copias certificadas en el archivo del Tribunal.

DECRETA las presentes actuaciones TÍTULO DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, del ciudadano ADRIANO ALVAREZ LUÍS, quién era extranjero, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº E-675.719 y residía en Las Delicias, calle Zaraza, casa N° 01, municipio Silva, estado Falcón; suficientes para asegurarle el derecho, que le corresponde al ciudadano ALVAREZ PIÑERO JOSÉ MIGUEL, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.111.617, asistido el solicitante, antes mencionado e identificado, por el abogado OJEDA RUIZ CARLOS JOSÉ, inscrito en el Inpreabogado con el N° 151.794. Quedan a salvo los derechos de terceros. Devuélvanse al solicitante, las presentes actuaciones que forman el expediente Nº 4.727-22 (de la nomenclatura interna llevada por este Tribunal), y déjese copias certificadas en el archivo del Tribunal.

DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR la recusación interpuesta por el ciudadano RAFIK NASSER SOULEIMAN, debidamente asistido por la abogada SANDRA SUÁREZ, ampliamente identificados en autos, en el juicio de ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DOLOSO incoada por la ENTIDAD MERCANTIL, C.A. DESTILERIA SAN JAVIER en contra de la FIRMA PERSONAL RAFIK NASSER SOULEIMAN Y SUCESORES. SEGUNDO: Se impone al recusante RAFIK NASSER SOULEIMAN, ampliamente identificada en autos, por haberse declarado como grave la recusación interpuesta, una multa de Cien Unidades Tributarias (100 U.T.), a razón de 0,40 Bolívares cada una, para un total de Cuarenta Bolívares (Bs. 40,00) conforme a lo indicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.359 de fecha 20 de abril del año 2022. La citada multa debe ser pagada por el recusante, por ante el Fisco o Tesorería Nacional dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha de esta decisió.....