Con base a las consideraciones anteriores, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN POR MAYORIA DE EDAD DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL COBRO DE BENEFICIOS, interpuesta por la ciudadana NAYIVE CAROLINA BRACHO QUINTERO, venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 15.107.966, asistida por el abogado ERIK DURAN BEJARANO, Defensor Público Cuarto encargado, adscrito a la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en beneficio del joven adulto ALEXANDER JOSE ARTEAGA BRACHO, nacido en fecha 19 de abril de 2000. Regístrese, publíquese y déjese copia certificada.

DECLARA PRIMERO: LA PROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO de la acción y del procedimiento, realizado por el ciudadano MIGUEL ANGEL RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.986.195, asistida por el Abogado YILMER AGUSTIN HIDALGO PINTO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 250.117, debidamente aceptado por la ciudadana ANA ISABEL MOLINA MOLINA asistida por el abogado YILMER AGUSTIN HIDALGO PINTO Inpreabogado N° 250.117; en consecuencia, se imparte su HOMOLOGACIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo. TERCERO: No existiendo más actuaciones pendientes en la presente causa, se ordena el Archivo del Expediente, una vez quede firme la presente Homologación.

Por cuanto se aprecia en autos que en la oportunidad para subsanar o corregir lo solicitado ordenado mediante auto de fecha 10 de enero de 2020, la parte actora no lo hizo, y es necesario advertir que no se cumplió con el despacho saneador, y en aplicación a los poderes amplios que posee el juez al ejercer con discrecionalidad las facultades que la ley ha dado, una justificación de esta conducta procesal se refiere justamente a la necesidad de la estabilidad de los juicios y a las reposiciones inútiles, reforzada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257, para lo cual los jueces y juezas deben evitar y corregir las faltas que puedan anular cualquier acto del proceso. Y siendo que la parte solicitante no subsanó o corrigió lo solicitado en la debida oportunidad. En razón a ello, y por disposición expresa del artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable supletoriamente como se prevé en los artículos 115 y 452 de La Ley de .....