REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA






TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO PEÑA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIALDEL ESTADO YARACUY.

Yaritagua, 25 de abril de 2025
Años: 214º y 166º
EXPEDIENTE N°: 4554/2025
PARTE DEMANDANTE: CiudadanaMORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, y titularde la cédula de identidad N°V-7.575.545.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE:

Ciudadano CARLOS JUAN TORRELLAS CABEZAS, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.538.

PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadano JUAN CARLOS TORRELLAS CABEZAS, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.537.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.

En fecha veintidós (22) de enero del año dos mil veinticinco (2025), se recibió por secretaría la presente demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma con los anexos respectivos, incoada por la ciudadana MORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, y titular de la cédula de identidad N° V-7.575.545, debidamente asistida en este acto por el abogado en ejercicio CARLOS JUAN TORRELLAS CABEZAS, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.538, contra la ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966. Folio uno al folio diez, y sus vueltos respectivos (F. 01 al 08 y sus vueltos respectivos).

En fecha 27 de enero del 2025, riela al folio nueve (F. 09), auto de entrada de la presente demanda bajo el Nº 4554/2025, y en aras de garantizar el debido proceso y una tutela judicial efectiva, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia del artículo 1.357 del Código de Civil, insta a la parte interesada a dar cumplimiento a lo allí requerido.

En fecha 31 de marzo del 2025, riela del foliodiez al dieciocho y sus vueltos (F. 10 al F.18 y sus vueltos), diligencia con sus anexos respectivos, suscrita y presentadapor la ciudadana MORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, y titular de la cédula de identidad N° V-7.575.545, debidamente asistida en este acto por el abogado en ejercicio CARLOS JUAN TORRELLAS CABEZAS, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.538, dando cumplimiento a lo requerido por este Tribunal.

En fecha 07 de abril del 2025, riela a del foliodiecinueve alveinte (F.19 al F. 20), auto de admisión de la presente demanda, ordenándose librar boletas de citación a la parte demandada en autos, ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966.

En fecha 11 de abril del 2025, a los folios veintiuno al veintidós (F. 21 al F. 22), de riela boleta de citación debidamente firmada a la parte demandada y la consignación de la misma por el alguacil de este Tribunal.

En fecha 11 de abril del 2025, riela al folio veintitrés y su vuelto (23 y vto.), escrito de contestación a la demanda presentado por la ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966, debidamente asistida por el abogado en ejercicio Juan Carlos Torrellas Cabezas, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.537, mediante el cual, al comparecer voluntariamente, se da por citada en la presente demanda y renuncia al lapso de comparecencia para dar contestación a la misma.

ANTES DE PASAR A DECIDIR, ESTE TRIBUNAL REALIZA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante la cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del Estado (Juez), para obtener la aplicación de dicha voluntad. Constituyéndose pues, La Demanda, como el primer acto del proceso “nemo iudex sine actore”, es decir, la primera forma de la actividad de la parte en el proceso consiste en demandar.

“Ha sido criterio jurisprudencial que la demanda es “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal, protección, declaración o constitución de una situación jurídica”.

En cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer de la presente causa, se observa el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante".

El legislador venezolano acogió la norma derivada del derecho romano, “Actor sequitir forum rei”, es decir, la regla del fuero general que da competencia al Tribunal donde esté ubicado el inmueble, y cuyo motivo en especial está en las razones de equidad, o en su defecto el domicilio del demandado y si no se conociere el domicilio, se tomará el del lugar de la residencia, a los efectos de la demanda.
Por su parte, tenemos que la capacidad negocial, es la facultad que tiene una persona natural o jurídica para actuar válidamente, es decir, para producir, por voluntad propia, actos con efectos jurídicos válidos.

Ahora bien, el reconocimiento judicial es la oposición del instrumento que hace una de las partes a la otra, con el fin de que reconozca como cierto el documento, esto ocurre cuando se oponga en un litigio como instrumento probatorio, tal como lo señala el artículo 444 ejusdem, que se solicite el reconocimiento por vía principal, artículo 450 ejusdem, o como preparación de la vía ejecutiva artículo 631 ejusdem.

No obstante, el presente se rige por lo dispuesto por el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.

En ese orden de ideas, el reconocimiento puede ser expreso o tácito, cuando la parte a quien se le opone el instrumento en el lapso correspondiente no hace ninguna manifestación de desconocimiento o lo reconoce voluntariamente en el acto de contestación de la demanda en virtud que dicho documento privado fue consignado junto con el libelo de la demanda.
Señala el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano vigente lo siguiente:

“El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.

Por su parte el artículo 1.364 ejusdem expresa:

“Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido”.

De los artículos antes citados, se evidencia que una vez presentado al Juez competente el instrumento privado para que reconozca la autenticidad de las firmas de los otorgantes y una vez reconocido por la parte demandada, el documento tiene la fuerza de uno autenticado, es decir, un documento privado puede ser convertido en un documento con fuerza de documento público.
Por consiguiente, este Juzgador observa que, en la presente causa, la demandada, compareció por ante este Tribunal en fecha, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025), y presentó escrito mediante el cual señaló lo siguiente:

“… Me doy por citada en el presente acto y renuncio al lapso de comparecencia, convengo en todas y cada una de sus partes en Demanda (Sic) incoada en mi contra por laciudadana: MORAIMA DEL CARMEN PINTO MENDEZ, venezolana,soltera, mayor de edad,titular de la cédula de identidad Nº V-7.575.545, con Rif.:V-075755453,domiciliada en la Urbanización Daniel Carias, Calle (Sip) 5 entre1 y 2, frente a la casa Parroquial de la Iglesia Espíritu Santo, Yaritagua, Municipio Peña del Estado Yaracuy,con número de teléfono para aplicación de WhatsApp: 0414-5676427 y correo electrónico morapinto88@gmail.com, por ser cierto que mediante Documento (Sic) Privado (Sic), le vendí unacasa signada con Código Catastral Nº 22-10-01-U01-037-021-035, que se encuentraubicada en la Carrera (Sic) 2 entre Calles (Sic) 1 y 3, Parcela (Sic) Nº 580, Sector (Sic) La Victoria, Yaritagua, Municipio Peña del Estado Yaracuy, con un área total deCIENTO SETENTA METROS CUADRADOS (170 MTs2), dentro de los siguientes linderos y medidas:NORTE: Con Parcela (Sic) Nº 559; SUR: Con Carrera (Sic) 2; ESTE:Con Parcela (Sic) Nº 579;OESTE:Con Parcela (Sic) Nº 581. El cual forma parte de un lote de mayor extensión debidamente desafectado de su condición ejidal, constante de un Área (Sic) de:DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRDADOS(Sip) CON SETENTAY CINCO CENTIMETROS (274, 265, 65 Mts2) cuyos linderos generales son los siguientes:NORTE: Ciudad Robinsoniana y la O.C.V. La Victoria, en línea de 1.305,53 Mts2; SUR: Sector Cruz Verde y San José; ESTE: Terrenos municipales, en línea de 224,04 Mts2;OESTE:Carretera vía a Cañaveral, en línea de 838.68 Mts2,signado con el Código Catastral Nº 20-07-037-000-000, me pertenece según consta en DOCUMENTO DE DONACION, protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Peña del Estado Yaracuy, de fecha 13/06/2006, bajo el Nº 10, Folio 58 al 63, Protocolo Tercero, Tomo Primero, Segundo Trimestre del año 2006. El inmueble nada adeuda por concepto de Impuestos Nacionales, Estadales o Municipales, ni por ningún otro concepto, por tanto, no pesa sobre ningún censo, gravamen o servidumbre. Con el otorgamiento de este instrumento efectuó la tradición legal y me obligo al saneamiento de Ley. Por lo que expresamente RECONOZCOel contenido del documento indicado y como mía la firma que lo suscribe, en consecuencia, solicito a la Ciudadana Juez nose apertura el lapso probatorio…” (Negrillas propias, mayúsculas y subrayado propio).

En tal sentido, el demandado convino y aceptó en todas y cada una de sus partes la demanda incoada por la ciudadanaMORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, antes identificada, así como en la firma y el contenido sobre el documento privado que es el fundamento de la presente demanda y el cual riela al folio cuatro y su vuelto (F. 04 y su vuelto) de la presente causa.

A este respecto, es menester señalar que la admisión de hechos es el ejercicio de una facultad procesal que no implica confesión, sino debe verse como alegato, pues, puede adversarse el derecho, es criterio del doctrinario Carnelutti al cual esta Juzgadora, se acoge que la admisión es la no discusión de la verdad de una verdad adversa, cuando las alegaciones de una parte concuerdan con la precedente alegación de la otra; es decir, el hecho admitido es aquel sobre el cual hay conformidad de las partes, sobre el cual no existe controversia ni discusión y por ende está exento de pruebas, no porque sea un hecho probado en la causa, sino por tratarse de un hecho controvertido.

Ahora bien, en cuanto a la renuncia al lapso de contestación por la parte demandada, la cual lo realizó en su contestación de la demanda, el artículo 257 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

… “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”…

Haciendo un breve análisis del presente artículo podemos deducir que La Constitución nos da a entender, que existe el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los órganos de administración de la justicia, con el fin de hacer valer nuestros derechos e intereses y que el estado garantice una tutela judicial efectiva de los mismos, por lo tanto tenemos la necesidad de que exista un proceso para ejercer el derecho a la justicia y que ella se materialice como lo proclama el referido artículo 257 de la vigente Constitución, y que este instrumento no debe contener dilaciones indebidas, formalismos o reposiciones, pero aunque existen normas que son de orden público, también existen otras que son derogables; por ejemplo: no se puede cambiar el procedimiento que trae el Código de Procedimiento Civil, sino que tiene que someterse a las normas del Estado; otras sí son derogables a voluntad de las partes; por ejemplo: las partes en un proceso pueden suspender el procedimiento (a solicitud de las partes y de mutuo acuerdo), acortar el lapso para la contestación de la demanda, como cuando en un juicio ordinario la parte desea abreviar y renunciar, de acuerdo con la otra parte, porque se da en interés de la parte; pero no ocurre lo mismo en un juicio de divorcio; porque dichas normas que regulan el divorcio son de orden público y hay que dejar correr el lapso correspondiente.

Dicho lo anterior y visto el reconocimiento efectuado por la parte demandada, ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966, debidamente asistida por el abogado en ejercicio Juan Carlos Torrellas Cabezas, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.537, esta juzgadora señala que tal reconocimiento encuadra en las previsiones contenidas en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, por lo que resulta para este sentenciador declarar que la pretensión alegada por la parte demandante no es contraria a derecho y por ende se tiene como reconocido el documento privado suscrito entre las partes intervinientes en el presente juicio, tal como quedará plasmado en la dispositiva del presente fallo, Y ASÍ SE ESTABLECE.

En consecuencia, por los argumentos anteriormente explanados, así como del análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente y la voluntad expresa de la parte demandada en reconocer en todas y cada una de sus partes la demanda que contra ella cursa, tal y como consta del folio veintitrés (F. 23) del presente expediente, y por cuanto están llenos todos los extremos para que proceda la pretensión del actor, es procedente declarar con lugar la referida pretensión, Y ASÍ SE DECIDE.

Por las razones expuestas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Peña de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA incoado por la ciudadana MORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, y titular de la cédula de identidad N° V-7.575.545, debidamente asistida en este acto por el abogado en ejercicio CARLOS JUAN TORRELLAS CABEZAS, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 182.538, contra la ciudadana MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966. En consecuencia:

PRIMERO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, LEGALMENTE RECONOCIDO EL INSTRUMENTO PRIVADO, entre las ciudadanas: MARYORI YELITZA BLANCO JUÁREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-6.601.966 y MORAIMA DEL CARMEN PINTO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, y titular de la cédula de identidad N° V-7.575.545, suscrito en el documento Compra Venta, sobre una BIENHECHURÍA, ubicada en la carrera 2 entre calles 1 y 3, Parcela Nº 580, sector La Victoria de Yaritagua, Municipio Peña, Estado Yaracuy, comprendido entre los siguientes linderos: NORTE: Con parcela Nº 559; SUR: Con carrera 2; ESTE: Con parcela Nº 579; OESTE: Con parcela Nº 581. El cual forma parte de un lote de mayor extensión debidamente desafectado de su condición ejidal, constante de un Área de:DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO CENTIMETROS (274.265,65 Mts2)cuyos linderos generales son los siguientes: NORTE: CiudadRobinsoniana y la O.C.V. La Victoria, en línea de 1.305,53 Mts2; SUR: SectorCruz Verde y San José; ESTE: Terrenos municipales, en línea de 224,04 Mts2;OESTE: Carretera vía a Cañaveral, en línea de 838.68 Mts2.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil, se ordena Registrar la presente decisión para lo que se remite copia certificada al Registro Inmobiliario correspondiente.

TERCERO Se ordena la devolución de la documentación original presentada por la parte demandante, y en su lugar dejar copias certificadas de los mismos una vez que la parte interesada provea al Tribunal de las copias simples respectivas.

CUARTO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

QUINTO: Se ordena expedir copias certificadas de la presente decisión a la parte solicitante.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, INCLUSO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE, ASÍ COMO EN LA PÁGINA WWW.YARACUY.SCC.ORG.VE, SEGÚN RESOLUCIÓN 001-2022, EMANADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Peña de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En Yaritagua a los veinticinco (25) días del mes de abril del año Dos Mil Veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.

La Jueza Provisoria;

Abg. EMILETH SOFÍA ARENAS DE PINEDA


La Secretaria Temporal,

Abg. VANERYS Y. ALVARADO M.

En esta misma fecha y siendo las 02:00 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. VANERYS Y. ALVARADO M.




Exp.4554/2025
Abg.ESAdP/Vyam/olindo. -