TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 15 de enero de 2026
Años: 215° y 166°

EXPEDIENTE: Nº 3.186-25.

PARTE DEMANDANTE:

Ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 19.613.021, domiciliada en la urbanización Vista Alegre, calle 02, casa sin número, municipio Independencia, estado Yaracuy.

ABOGADA ASISTENTE DE
LA PARTE DEMANDANTE:
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ TERRY ANAIS, inscrita en el Inpreabogado con el N° 269.772.

PARTE DEMANDADA:

MOTIVO:
Ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, domiciliado en la urbanización Canaima Norte, calle 02, casa sin número, municipio Independencia, estado Yaracuy.

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO (DEFINITIVA).

Se recibió por distribución la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, incoada por la ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, arriba identificada, debidamente asistida por la abogada MARTÍNEZ FERNÁNDEZ TERRY ANAIS, inscrita en el Inpreabogado con el N° 269.772, contra el ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, arriba identificado. Seguidamente, señaló la parte demandante, que en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veinticinco (2025), suscribió un contrato de compra venta privado, marcado con la letra C, el cincuenta por ciento (50%) de un inmueble (casa), con su respectiva parcela de terreno municipal, posee una superficie de terreno de ciento treinta y tres metros cuadrados (133 MTS2), con un área de construcción de sesenta metros con veintiocho centímetros (60.28 MTS2), ubicada en la urbanización Prados del Norte, Avenida C con calle 10, V Etapa, parcela G-34 del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, con el ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, divorciado y titular de la cédula de identidad N° V-16.372.685, que le pertenecía el cincuenta por ciento (50%), que la propiedad le partencia a la parte según documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, anotado bajo el N° 2015.1688, Asiento Registral 1 del inmueble, matriculado con el N° 462.20.11.1.3237, correspondiente al Folio Real del año 2015, del cual anexa documento original, marcado con la letra (G). La parte fundamentó la presente demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil. Del mismo modo, expresa la parte que acude ante esta instancia para demandar al ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, identificado arriba, señalando el número telefónico, correo electrónico y su dirección para la práctica de la citación, de igual forma, menciona haber conversado en varias oportunidades con el demandado, para que otorgara la venta mediante documento protocolizado ante el Registro competente, ya que fue acordado, todo resulto infructuoso, el agotamiento de la vía extrajudicial, y en razón a tal negativa solicita el reconocimiento de contenido y firma del documento privado objeto de la presente pretensión, pidiendo además que la presente demanda sea sustanciada y declarada con lugar en la definitiva.
La presente demanda fue recibida por distribución en fecha veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025), lo cual consta al vuelto del folio 27 del expediente. Asimismo, en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025), mediante auto del Tribunal admitió la presente demanda, y en la misma oportunidad se ordenó librar boleta de citación a la parte demandada de autos, tal como consta a los folios 28, y su vuelto, y 29 de la causa. En fecha doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025) la parte demandada de autos ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, debidamente asistido por la abogado VILLEGAS GALBYZ ALFREDO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 268.013, presentó escrito mediante el cual reconoce el contenido y la firma del documento privado de fecha 18/1/2025, donde dio en venta el 50% de inmueble, objeto de la presente demanda, consta al folio 30 y su vuelto del expediente.
A los folios 31 y 32 de la causa, cursa consignación realizada por el Alguacil del Tribunal relacionada con boleta de citación sin firmar por el demandado, visto que se encontraba a derecho en la causa. En fecha cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), la demandante de autos ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 19.613.021, solicitó el abocamiento en la causa, lo cual fue acordado mediante auto en fecha 11/11/2025, y se libró notificación a la parte demandada de autos, se abocó el Juez Suplente, consta a los folios 39 y su vuelto, y 40 de la causa. A los folios 41, 42 y 43 del expediente consta la consignación de boletas de abocamiento sin firmar, visto que la Jueza Provisoria se incorporó a sus labores habituales.

ANTES DE PASAR A DECIDIR, ESTE TRIBUNAL REALIZA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante la cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del Estado (Juez) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La demanda es el primer acto del proceso “nemoiudex sine actore”, es decir, la primera forma de la actividad de la parte en el proceso consiste en demandar. Ha sido criterio jurisprudencial que la demanda, es “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal, protección, declaración o constitución de una situación jurídica”. En cuanto a la competencia de este Tribunal, para conocer de la presente causa, se observa el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante.
Cuando el inmueble esté situado en territorio correspondiente a dos o más jurisdicciones, la demanda se podrá proponer ante la autoridad judicial de cualquiera de ellas, a elección del demandante.” (Subrayado y negrillas nuestro).

El legislador venezolano acogió la norma derivada del derecho romano, “Actor sequitirforumrei”, es decir, la regla del fuero general que da competencia al Tribunal donde esté ubicado el inmueble, y cuyo motivo en especial está en las razones de equidad, o en su defecto el domicilio del demandado y si no se conociere el domicilio, se tomará el del lugar de la residencia, a los efectos de la demanda.
Por su parte, tenemos que la capacidad negociar, es la facultad que tiene una persona natural o jurídica para actuar válidamente, es decir, para producir, por voluntad propia, actos con efectos jurídicos válidos. El reconocimiento judicial es la oposición del instrumento que hace una de las partes a la otra, con el fin de que reconozca como cierto el documento, esto ocurre cuando se oponga en un litigio como instrumento probatorio, tal como lo señala el artículo 444 ejusdem, que se solicite el reconocimiento por vía principal, artículo 450 ejusdem, o como preparación de la vía ejecutiva artículo 631 ejusdem. No obstante, el presente caso se rige por lo dispuesto por el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.

Ahora bien, el reconocimiento puede ser expreso o tácito, cuando la parte a quien se le opone el instrumento en el lapso correspondiente no hace ninguna manifestación de desconocimiento o lo reconoce voluntariamente en el acto de contestación de la demanda en virtud que dicho documento privado fue consignado junto con el libelo de la demanda.
Señala el artículo 1.363 del Código Civil venezolano vigente, lo siguiente:
“El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.
Por su parte el artículo 1.364 eiusdem establece:
“El vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad”.
De los artículos antes citados, se evidencia que una vez presentado al Juez competente el instrumento privado para que reconozca la autenticidad de las firmas de los otorgantes y una vez reconocido por la parte demandada, el documento tiene la fuerza de uno autenticado, es decir, un documento privado puede ser convertido en un documento con fuerza de documento público. En el caso de autos, el demandado de autos ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, asistido por el abogado VILLEGAS GALBYZ ALFREDO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 268.013, mediante escrito, en fecha doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025), y que cursa al folio 30 y su vuelto, señaló lo siguiente (textual): “…ADMITO Y RECONOZCO el CONTENIDO Y FIRMA DEL DOCUMENTO PRIVADO Y RENUNCIO AL LAPSO DE COMPARECENCIA Y ME DOY POR CITADO EN LA PRESENTE CAUSA; Dicho Documento fue consignado como prueba en esta demanda que yo en fecha diez y ocho días (18) del mes de enero de dos mil veinte y cinco (2025), le di en venta el cincuenta por ciento (50%) de un inmueble que me pertenece, según documento Protocolizado en el REGISTRO INMOBILIARIO DEL PRIMER CIRCUITO DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA, COCOROTE Y VEROES DEL ESTADO YARACUY, quedando registrado bajo el N° 2015.1688 Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 462.20.11.1.3237, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2015, la propiedad se encuentra ubicada en la Urbanización Prados del Norte, Avenida C, con Calle 10, V Etapa, Parcela G-34 del municipio Independencia estado Yaracuy… ” (Cursivas, subrayado y negrillas de este Tribunal).
A este respecto, es menester señalar que la admisión de hechos es el ejercicio de una facultad procesal que no implica confesión, sino debe verse como alegato, pues, puede adversarse el derecho, es criterio del doctrinario Carnelutti al cual esta Juzgadora se acoge que la admisión es la no discusión de la verdad de una verdad adversa, cuando las alegaciones de una parte concuerdan con la precedente alegación de la otra; es decir, el hecho admitido es aquel sobre el cual hay conformidad de las partes, sobre el cual no existe controversia ni discusión y por ende está exento de pruebas, no porque sea un hecho probado en la causa, sino por tratarse de un hecho no controvertido. Dicho lo anterior y visto el reconocimiento efectuado por la parte demandada de autos, ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, cursante al folio 30 y su vuelto de la causa, esta Juzgadora señala que tal reconocimiento encuadra en las previsiones contenidas en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil venezolano, antes citados, por lo que resulta para esta sentenciadora declarar que la pretensión alegada por la parte demandante no es contraria a derecho, y por ende se tiene como reconocido legalmente el documento privado de compra-venta suscrito entre las partes intervinientes en el presente juicio, es decir, parte accionante y accionada de autos, ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 19.613.021 y el ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, y que se encuentra anexo al libelo de demanda, cursante al folio 5 de la causa, marcado con la letra “C”, tal como quedará plasmado en la dispositiva del presente fallo, y ASÍ SE ESTABLECE.
En consecuencia, por los argumentos anteriormente explanados, así como del análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente y la voluntad expresa de la parte demandada en convenir en la demanda y reconocer legalmente el documento privado en su contenido y firma de compra venta, cursante al folio 5 de la causa, marcado con la letra “C”, en escrito suscrito y presentado en fecha doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025), cursante al folio 30 y vuelto del presente expediente, por tanto, lo conducente para esta Juzgadora es declarar la procedencia del juicio de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, y por cuanto están llenos los extremos para que proceda la pretensión de la parte actora, se tiene legalmente reconocido el documento privado en su contenido y firma de compra venta, antes referido, y se ordena declarar con lugar la referida demanda, y ASÍ SE DECIDE.
DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR LA DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, suscrita y presentada por la ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 19.613.021, domiciliada en la urbanización Vista Alegre, calle 02, casa sin número, municipio Independencia, estado Yaracuy, asistida por la abogada MARTÍNEZ FERNÁNDEZ TERRY ANAIS, inscrita en el Inpreabogado con el N° 269.772, contra el ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, domiciliado en la urbanización Canaima Norte, calle 02, casa sin número, municipio Independencia, estado Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, en consecuencia,
SEGUNDO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, LEGALMENTE RECONOCIDO EL DOCUMENTO PRIVADO, suscrito por la ciudadana RANGEL PEÑA YANILSA MARINA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 19.613.021, debidamente reconocido por el vendedor, ciudadano DIAZ MANUEL BLADIMIR, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 16.372.685, relacionado con un inmueble (el cincuenta por ciento 50% de una casa), ubicada en la Urbanización Prados del Norte, Avenida C, con Calle 10, 5ta etapa del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, con una área de terreno de ciento treinta y tres metros cuadrados (133 mts2), y un área de construcción de sesenta metros con veinte y ocho centímetros (60.28cm), y los siguientes linderos: Norte: Calle G-41; Sur: Avenida C; Este: Parcela G-35; y Oeste: parcela G-33, le pertenecían al vendedor según documento presentado ante el Registro Publico Subalterno de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, de fecha veinte y cuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), anotado con el N° 2015.1688, Asiento Registral 1 del Inmueble Matriculado con el Nro. 462.20.11.1.3237, correspondiente al Libro del Folio Real del año 2015, y se transfirió a la compradora el total del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad, dominio y posesión sobre el inmueble que se identifico en la compra venta.
TERCERO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CURSANTE EN AUTOS, presentada por la parte demandante, y en su lugar dejar copias certificadas de los mismos, una vez que la misma provea al Tribunal de las copias fotostáticas respectivas.
CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, incluso en la página web oficial del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, en San Felipe, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Zorennis Columba Ramos Verastegui
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.
En esta misma fecha, y siendo las diez de la mañana (10:00 a. m.) se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.