TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 14 de mayo de 2026
Años: 215º y 166º

SENTENCIA: Definitiva.

EXPEDIENTE: N° 4.526-2026

PARTES DEMANDANTE: CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.589.914

ABOGADO ASISTENTE: MARÍA DANIELA NOGUERA MARIN, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 251.182

PARTE DEMANDADO: JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.368.792.

MOTIVO: DIVORCIO POR DESAFECTO.

- I –
DE LAS ACTAS DEL PROCESO
La presente solicitud de divorcio fue recibida por distribución en fecha 27 de marzo del año 2026, incoada por el ciudadano CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.589.914, asistido por la abogada MARÍA DANIELA NOGUERA MARIN, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 251.182; mediante la cual solicita la disolución del vinculo matrimonial contraído con la ciudadana JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.368.792; a los fines de solicitar la disolución del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 26 de septiembre de 1980, por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 112, folio 7, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad, que su último domicilio conyugal fue en la avenida Cedeño, callejón la Mosca, calle 01, frente a la estación de servicio, municipio San Felipe del estado Yaracuy, y que de dicha unión conyugal procrearon dos (02) hijos. Así mismo manifestó que:

“… Es el caso ciudadano Juez que en nuestra relación surgieron desavenencias y hechos graves que nos fueron distanciando como pareja haciendo imposible nuestra vida en común a tal punto que dejamos de tenernos afecto como pareja y como personas, en una relación llena de antipatía e indiferencia lo que nos impide la vida en pareja no existiendo actualmente ningún vinculo afectivo o apego sentimental entre nosotros...”

En fecha 8 de abril de 2026, el Tribunal ordena su admisión y libra la correspondiente boleta de notificación a la Fiscal Séptima del Ministerio Publico del Estado Yaracuy y la citación de la ciudadana JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ. (Folios 14 al 16)
En fecha 9 de abril de 2026, el alguacil de este Tribunal consigno boleta de notificación que le fue librada a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, debidamente firmada. (Folios 17 y 18)
En fecha 10 de abril de 2026, el alguacil de este Tribunal consigno boleta de citación que le fue librada a la ciudadana JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, debidamente firmada (Folio 19 y 20)
En fecha 16 de abril de 2026, la ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dio contestación a su notificación dando su visto bueno a la solicitud y manifestando que no tenía nada que objetar sobre la misma. (Fol. 21)

Siendo la oportunidad para decidir en la presente causa, este Tribunal lo hace en base a los siguientes razonamientos:

- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Cursa a los folios 4 y 5, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los ciudadanos CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN y JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-7.589.914 y V-10.368.792 respectivamente, Las cuales constituyen copias de un documento público, que surten plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo para identificar a las partes de autos. Y así se valora.
Cursa a los folios 6 al 8, copia certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN y JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, antes identificados, emitida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, asentado bajo el Nº 112, folio 7 al 9, de fecha 26 de septiembre del año 1980, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad, la cual constituye un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo la misma para demostrar la existencia de la referida unión conyugal. Y así se valora.
Cursa en los folios 9 copia fotostática de las cédula de identidad del ciudadano JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.111.497, la cual constituye copia de un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo la misma para identificar el hijo procreado en la unión conyugal y su mayoría de edad. Y así se valora.
Cursa al folio 10 del presente expediente, copia certificada del acta de nacimiento del ciudadano JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ, emitida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia, Estado Yaracuy, asentado bajo el No.693, el cual constituye un documento público que surte pleno efecto en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, para demostrar el nacimiento del hijo procreado dentro de la unión conyugal y que el mismo es mayor de edad. Y así se valora.
Cursa al folio 11 copia fotostática de las cédula de identidad del ciudadano LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-17.699.034, la cual constituye copia de un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo las mismas para identificar al hijo de los solicitantes y su mayoría de edad. Y así se valora.
Cursa a los folios 12 del presente expediente, copia certificada del acta de nacimiento del ciudadano LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, emitida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia, Estado Yaracuy, asentado bajo el No. 153, el cual constituye un documento público, que surte pleno efecto en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, para demostrar el nacimiento del hijo procreado dentro de la unión conyugal. Y así se valora.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III (De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes), Capítulo V (De los Derechos Sociales y de las Familias) contempla la protección de la familia, así como al matrimonio.
El matrimonio, solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad; y en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). (Vid Sentencia N° 446 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 15 de Mayo de 2014. Exp. N° 14-0094).
La Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en SENTENCIA N.° 192 DEL 26 DE JULIO DE 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que:
“el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
De la jurisprudencia anteriormente citada se infiere que la concepción del Divorcio es una posible solución que da el estado a una situación que de mantenerse resultaría perjudicial para los cónyuges, los hijos y en fin la sociedad en general, el Divorcio es un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente, donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son: la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
Ahora bien, mediante sentencias dictadas por nuestro alto Tribunal se han efectuado interpretaciones constitucionales del artículo 185 del Código Civil y se estableció, con carácter vinculante, en decisión dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2016, estableció que:

Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad. Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio. Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.

De la jurisprudencia anteriormente transcrita, se desprende que pueden ser alegados por los cónyuges como causa de disolución del matrimonio el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, por cuanto al momento en el cual perece el afecto, la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges; por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
Finalmente, en decisión más reciente La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinó en Sentencia Nº 136, de fecha 30 de marzo de 2017, que el procedimiento de divorcio por separación de cuerpos y separación de hecho por más de cinco años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil); en el OBITER DICTUM de dicha sentencia, específicamente en el literal b) Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil), estableció que: Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante”.
Aplicando lo anteriormente expuesto y citado al caso de autos, se constata que emerge de la copia certificada del acta de matrimonio que cursa en los folios 6 al 8 del presente expediente, la existencia del vínculo matrimonial, contraído en fecha 26 de septiembre de 1980, por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 112, folios 7 al 9, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad la cual constituye la titularidad de la acción en la persona del solicitante. Y así se decide.
La ciudadana JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, fue debidamente citada y el ciudadano Fiscal de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, fue debidamente notificado en forma personal por este Tribunal, por tanto se encuentra llenos los extremos de Ley, y así se declara.
Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra vigente la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la presente solicitud, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vínculo matrimonial, conforme a lo expresado por el ciudadano CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN, en base a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, y acogiendo esta juzgadora el criterio vinculante emanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre del año 2016, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuesta, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de divorcio fundamentada con la Sentencia vinculante Nº 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre del año 2016; interpuesta por el ciudadano CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.589.914, asistido por la abogada MARÍA DANIELA NOGUERA MARIN, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 251.182; mediante la cual solicita la disolución del vinculo matrimonial contraído con la ciudadana JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.368.792. SEGUNDO: DECRETA la disolución del vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos CARLOS RAFAEL GARCÍA MARTÍN y JULIA SILVINA GONZÁLEZ GÓMEZ, antes identificados, por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, en fecha 26 de septiembre de 1980, el cual quedó asentado bajo el Nº 112, folio 7 al 9, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad. TERCERO: Se acuerda expedir cuatro (4) juegos de copias certificadas de la sentencia, una vez que quede firme la misma. CUARTO: Una vez vencido como sea el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente Sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio. QUINTO: No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.
Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Juez,

Abg. ODALYZ DEL MILAGRO LUGO MARTÍNEZ.
La Secretaria Temporal,

Abg. NORQUIS GÓMEZ S.
En esta misma fecha y siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA (T),

Abg. NORQUIS GÓMEZ S.
Exp. Nº 4.526-2026