DECLARAR INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 27 de Octubre de 2006, por el ciudadano JUAN ORLANDO CRESPO, por OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, por parte del Tribunal NOVENO de Primera Instancia en funciones de CONTROL del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en el Asunto Principal signado bajo el N° KP01-S-2003-006733.

DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ABOG. RAMÓN ALBERTO AGUILAR LUCENA actuando en su condición de Defensores Privados, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de éste Circuito Judicial Penal, en Audiencia Oral de fecha 20 de Agosto de 2005, que Decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al Imputado JANUARIO PEREIRA PEREIRA.

Así pues, es preciso señalar que el objeto de todo recurso de apelación, es que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó, en aras del principio de la doble instancia; En tal sentido, por cuanto la decisión aquí recurrida ya fue revisada y decidida por esta Corte de Apelaciones en fecha 26-09-05 a solicitud del ciudadano Gritzo Terán, considera esta alzada que es inoficioso emitir un segundo pronunciamiento, más aun, cuando de la revisión del escrito interpuesto en fecha 23-05-05, por el mencionado ciudadano, señala: “…En el presente escrito le manifiesto a mi defensa que interponga ajustado al Debido Proceso, mi apelación a su decisión por ser Inconstitucional (Anexo A) esperando que mi defensa la interponga en modo, tiempo y lugar ajustada al debido proceso, pero como no puedo actuar en juicio, solo dejo constancia en auto de mi voluntad de apelar pues es la Defensora del Pueblo la que tiene que actuar en mi representación…”.....

Declara IMPROCEDENTE IN LIMINIS LITIS la presente Acción de Amparo interpuesta por el Abg. CRISTOBAL RONDON, en su carácter de Defensor Privado de los imputados WILMER RAFAEL CAMPOS COLMENAREZ, JUAN CARLOS JIMENEZ PEREZ, JOAN JOSE LOBATON FERNANDEZ Y JHONIER YOHANDER MARIN ORTIZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no evidenciarse lesión alguna al derecho a la defensa ni al debido proceso.