PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadano: HERNEL YAMIL MENDEZ UNDA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.698.341, contra la MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, en la persona de su Ministro o Director Regional a que proceda a la restitución del ciudadano HERNEL YAMIL MENDEZ UNDA a su puesto de trabajo y al pago de los salarios caídos en los términos previstos en la providencia administrativa Nº 258-2010 de fecha Primero (01) de Agosto de 2010 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, en un lapso de cinco (05) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente acta. TERCERO: No hay condenatoria en costas.

PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por las ciudadanas: ARELIS NAILETH QUIROZ PERAZA y LEIDY MARIANA ORDOÑEZ SUAREZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-17.157.223 y V-16.111.487 respectivamente, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, en la persona de su Ministro o Director Regional a que proceda a la restitución de las ciudadanas ARELIS NAILETH QUIROZ PERAZA y LEIDY MARIANA ORDOÑEZ SUAREZ a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios caídos en los términos previstos en la providencia administrativa Nº 246-2010 de fecha dieciséis (16) de Agosto de 2010 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, en un lapso de cinco (05) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente acta. TERCERO: No hay condenatoria en costas.

Por tales motivos, y en fuerza de las anteriores consideraciones, y a los efectos de emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad del presente AMPARO CONSTITUCIONAL, este Tribunal observa que, revisado el escrito contentivo de la presente solicitud, se constata que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con los parámetros establecidos en la sentencia vinculante emanada de la Sala Constitucional, de fecha 14 de diciembre de 2006, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, y, en consecuencia, por cuanto el mismo no resulta contrario a derecho, al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, este Tribunal ACUERDA SU ADMISIÓN. Y así se decide.