De acuerdo a las consideraciones expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por NULIDAD DE TITULO SUPLETORIO, incoada por la ciudadana EVELIN LOYO, quien estuvo inicialmente asistida y luego representada por el abogado en ejercicio de su profesión Omar Antonio González Pérez, contra la ciudadana ELVIA JOSEFINA LOYO, quien estuvo inicialmente asistida y luego representada por la abogada en ejercicio de su profesión Froila Briceño Sierra. Se condena al pago de las costas procésales a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida, todo conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio de su profesión Jorge Luís Mogollón M., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano DIXON RAMÓN DÍAZ TOVAR, contra la decisión dictada en fecha 27 de junio de 2008, por el Juzgado Segundo de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Se condena al pago de las costas procesales a la parte actora y aquí perdidosa por haber resultado totalmente vencida, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el archivo del tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Ahora bien, por cuanto la parte demandante solo demostró la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse las medidas preventivas o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles y prohibición de enajenar bienes inmuebles, y así se declara. En consecuencia fórmese cuaderno de medidas.