Noticia Detallada - TSJ Regiones

Esta actividad constituye el desarrollo de lo estipulado en el artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, reformada parcialmente el 18 de mayo de 2005, que dispone que el Tribunal Supremo de Justicia por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedará encargado de la creación y dotación de la estructura de los Tribunales agrarios necesarios para la conformación de la jurisdicción especial agraria. Por lo tanto hoy, nuestro máximo tribunal, bajo la dirección de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, con el apoyo de un nutrido grupo de colaboradores, está concretando esta importante tarea, en el marco del proceso de transformación del sistema judicial venezolano.

Así, con la reorganización de la jurisdicción agraria se está dando cumplimiento al mandado contenido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues es un deber del Estado garantizar a toda persona el acceso a los órganos de administración de justicia para que haga valer sus derechos e intereses, la tutela efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, es decir, a una justicia expedita, sin dilaciones indebidas.

Además, el texto fundamental confiere particular jerarquía al desarrollo de la actividad agraria como motor de desarrollo de la Nación, bajo una concepción que, a la luz del Estado Social de Derecho, impone la necesidad de adaptar ese desarrollo a las nuevas realidades socio-económico y políticas imperantes en nuestro país.

En sintonía con la Carta Magna, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, concebida como el instrumento jurídico que busca profundizar y dar operatividad concreta a esos nuevos valores que impulsan el desarrollo agrario, regula la actividad de este importante sector, no sólo en el área sustantiva, sino que también consagra la materia procesal agraria, previendo un título en el cual se desarrolla todo lo relativo a la jurisdicción agraria ordinaria, como a la jurisdicción contencioso administrativa.

El estado Yaracuy tiene una importante porción de su territorio con tierras de vocación de uso agrario, principalmente el sub-sector agrícola vegetal que presenta condiciones favorables para la agricultura, consideradas de gran valor estratégico en la seguridad alimenticia. Igualmente, es uno de los estados pioneros en la ejecución de las políticas públicas agrarias, en cuanto a la redistribución de tierras con vocación de uso agrario, por lo que es de importancia vital que se encuentre adecuadamente regulada toda esta actividad, no sólo desde el punto de vista técnico-jurídico, sino también y sobre todo, que responda a criterios realistas y efectivos de justicia social.

En la medida en que esos factores estén presentes en el ordenamiento agrario, éste contribuirá a propiciar y a realizar el cambio social, así como a incrementar la productividad y a elevar, por consiguiente, el nivel de vida del sector rural.

Haciendo un poco de historia debemos señalar que la jurisdicción agraria en esta Circunscripción se inició en el año 1976, con la creación del entonces Juzgado de Primera Instancia de Tierras, Bosques y Aguas de la Región Agraria de los Estados Yaracuy y Falcón, con sede en San Felipe.

Posteriormente, el incremento en la zona de las relaciones jurídicas agrarias llevó al extinto Consejo de la Judicatura, a la creación del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo, y a asignarle competencia agraria al Juzgado Primero de Primera Instancia . Así mismo, el 15 de agosto de 1985 procedió a cambiar la denominación del mencionado juzgado por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo.

En el año 1992 se creó el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de esta circunscripción.

En fecha 1º de octubre de 1996 se suprimió el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil