En virtud del escrito presentado en esta misma fecha (12-03-2018) por el abogado Lucas H. Calderón B., titular de la cédula de identidad N° V-7.916.301, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número N° 65.581, en su carácter de representante judicial de la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA LOS CAOBOS, C.A, RIF J-301183118, parte accionante en la presente causa; constante de un (01) folio útil, relacionado con el expediente número JSA-2017-000430. En consecuencia, este Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy, ordena agregar el escrito ut supra señalado, al expediente antes mencionado. Cúmplase.

Vista la diligencia presentada en esta misma fecha(12-03-2018) por el abogado Lucas H. Calderón B., titular de la cédula de identidad N° V-7.916.301, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número N° 65.581, representante judicial de la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA LOS CAOBOS, C.A., RIF J-301183118, parte accionante en la presente causa, en donde expone: "...Solicito en este acto copia certificada de del oficio N° R-22-0-0043-2018, de fecha 05 de marzo de 2018, que riela desde el folio 137 al 165 del expediente Pieza N° 1- Exp: 2018-430, con el auto que lo acuerde ..."; en consecuencia, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, ordena expedir por Secretaria las copias certificadas solicitadas y para la elaboración de los fotostatos requeridos se comisiona amplia y suficientemente al Ciudadano Antonio Rojas Parra, titular de la cedula de identidad N° V-12.280.141, en su carácter de alguacil titular de este Juzgado Superior .....

"...Practicado como fue el cómputo por Secretaría se evidencia que desde el día (2) de Marzo de (2018) (Exclusive), hasta el día (9) de Marzo de (2018) (Inclusive), transcurrieron los cinco (05) días de Despacho para que las partes ejercieran el Recurso Ordinario de Apelación por lo que habiendo transcurrido íntegramente el lapso previsto en el artículo 174 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, sin que se interpusiera Recurso Ordinario de Apelación contra la decisión dictada por este Tribunal Superior en fecha (02-03-2018), es por ello que este Juzgado Superior declara definitivamente firme la sentencia, terminado el procedimiento y en consecuencia se ordena el cierre del presente expediente y su posterior remisión al Archivo Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Es todo. Cúmplase..."

Visto el correo electrónico lanegrarojas77mail.com emitido por la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, al correo institucional de este Juzgado superior, por medio del cual remite Oficio N° 2018-JSPA-00091 de fecha (12-03-2018) en donde expone: "...que el argumento sobre el cual descansa el referido Oficio que pide la información de los expedientes identificados con los Números 00251 y 00174 (Nomenclatura particular de este despacho), no resulta sufiente para interrumpir la debida custodia que debe grantizar el Secretario del Juzgado conforme lo establecido en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil..."; En consecuencia, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, ordena agregar por Secretaría el Oficio ut supra mencionado al respectivo Expediente con el cual se relaciona. Cúmplase.

"... De la norma arriba citada, claramente se podría inferir que el Juez del proceso es quien determina la conveniencia de completar la actividad probatoria de las partes con las diligencias oficiosas de prueba; teniendo en cuenta que es potestad de éste, que debe acordarse las pruebas que a bien tenga ordenar, es decir, es su prudente arbitrio el que determinará si es necesario realizar o no algunas diligencias tal como lo previene en extrema prudencia y ponderación, tomando en consideración fundamentalmente, la necesidad de evitar graves injusticias o una denegación de justicia, o que se encuentren en disputa cuestiones que rebasen el interés privado y afecten de manera directa el interés público y social, en razón de su trascendencia e importancia el citado artículo 23 del código de Procedimiento Civil, autoriza para obrar según su prudente facultad consultando siempre lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, de este modo y sin duda los bienes.....