Por todas las consideraciones antes expuestas; este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer del presente Recurso de Apelación ejercido por la representación judicial de la ciudadana MARCOLINA MARIA ROMERO, suficientemente identificada. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada de la ciudadana MARCOLINA MARIA ROMERO, suficientemente identificada, en fecha trece (13) de enero del año (2011) contra el auto emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria en fecha (11-01-2011). TERCERO: Como consecuencia de lo anterior en los términos de esta Alzada se CONFIRMA la decisión interlocutoria emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial en fecha (11-01-2011), en lo referente a lo cuestionado en la presen.....

PRIMERO: LA SUPENSION DE LOS EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 303/2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EMANADA DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO YARACUY contra la SOCIEDAD MERCANTIL SERENOS YARES, VIGILANCIA PRIVADA, C.A. SEGUNDO: como consecuencia de lo anteriormente acordado, Se ordena suspender la ejecución del Reenganche y pago de salarios caídos a los ciudadanos: GAINZA ANGEL DE JESUS, CAMACARO ALMAO MALAQUIAS, ALVAREZ RIERA PORFIRIO RAFAEL, FERRER NIETO JESUS MIGUEL, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nros. 17.700.501, 3.458.261, 4.476.106, 2.062.067, respectivamente. Y así se decide. TERCERO: se ordena notificar mediante oficio a la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, sobre la suspensión de los efectos de la providencia administrativa N° 303/2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EMANADA DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO YARACUY contra la SOCIEDAD MERCANTIL SERENOS YARES, VIGILANCIA PRIVADA, C.A., a fi.....

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se ADMITE a sustanciación en cuanto ha lugar en derecho el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la Abogado Ayleen Cabrera, actuando en su condición de apoderada judicial del Instituto Autónomo contra la pobreza y la exclusión social del estado Yaracuy (IAPESEY), contra la providencia administrativa Nº 412-2010, dictada en fecha 17 de diciembre de 2010, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy.

En fuerza de los argumentos antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INCOMPETENTE PARA CONOCER de la presente solicitud de TITULO SUPLETORIO incoada por el ciudadano PEDRO JOSE VALLES y DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal Segundo de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: SE ORDENA remitir las presentes actuaciones a los fines que conozca de la presente solicitud, una vez quede firme la presente decisión, tal como lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

En fuerza de los argumentos antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INCOMPETENTE PARA CONOCER de la presente solicitud de TITULO SUPLETORIO incoado por el ciudadano PHINCAS AMBROSIO FRANCO RENGIFO, y DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: SE ORDENA remitir las presentes actuaciones a los fines que conozca de la presente solicitud, una vez quede firme la presente decisión, tal como lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.