TITULO DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS suficiente, para asegurar el derecho que le corresponde a los ciudadanos GREGORY ALEXANDER REYES AULAR, FRANZ MANUEL REYES AULAR, EDUARDO JOSÉ REYES AULAR, MARÍA EUGENIA REYES AULAR (DIFUNTA), todos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.277.561, V-10.369.966, V-11.647.881, respectivamente, hijos de los de Cujus ciudadanos FRANCISCO REYES SAN GIL y SONIA MARÍA AULAR DE REYES, quienes eran venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.914.941 y V-3.813.259; casado y viuda, respectivamente. Así como también la ciudadana: MARÍA ALEJANDRA PRESSING REYES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-24.941.522, quien entran a suceder a su madre MARÍA EUGENIA REYES AULAR,

declara: PRIMERO: Se da por terminado el presente RECLAMO POR LA OMISIÓN, DEMORA O DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, incoado por el ciudadano el ciudadano BARRIOS CALDERA GERARDO ANTONIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.125.159, de este domicilio. SEGUNDO: Se tiene como satisfecha la pretensión formulada por el ciudadano GERARDO ANTONIO BARRIOS CALDERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.125.159, de este domicilio, conforme se constata en comprobante cursante al folio cincuenta y cinco (55) del expediente. TERCERO: Téngase la presente decisión como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. CUARTO: No hay condenatoria en costas procesales dada la naturaleza especial del presente procedimiento.

administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.