QUINTO: Ahora bien, por cuanto la parte demandante no demostró la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y, asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse la medida de secuestro o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida de secuestro, y así se declara. El Juez, Dr. Luis Humberto Moncada Gil, La Secretaria, Sra. María de las Nieves González, Exp. 1915-06

De acuerdo a las consideraciones expuestas este Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, decide lo siguiente: Declara CON LUGAR la demanda por reconocimiento de firma, basada en el artículo 450 y 444 al 448 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 1.364 del Código Civil, incoada por la ciudadana ANA LUCIA QUINTERO de SADEDIN, asistida por el abogado en ejercicio de su profesión Luis E. Domínguez, contra el ciudadano EDUARDO RODRÍGUEZ VISAEZ. En consecuencia, se declara judicialmente reconocida por el ciudadano EDUARDO RODRÍGUEZ VISAEZ, la firma contenida en el instrumento que se acompañó como documento fundamental de la presente acción, y que se encuentra agregado al folio 02 y vto., 03 y vto. del presente expediente. Se condena al pago de las costas procésales a la parte demandada, conforme a lo estableci.....

QUINTO: Ahora bien, por cuanto la parte demandante sólo demostró mediante el documento de arrendamiento suscrito, la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y, asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse la medida de secuestro o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida de secuestro, y así se declara. El Juez, Dr. Luis Humberto Moncada Gil, La Secretaria, Sra. María de las Nieves González, Exp. 1916-06