declara SIN LUGAR de la recusación planteada por el abogado Ivan Venegas Guarín, actuando como representante de la parte querellada, contra la abogado María de Lourdes Camacaro de Aular, en su carácter de Juez titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción judicial, en el juicio de interdicto de amparo por perturbación incoado por la ciudadana Hilda Maribel Alvarez. En consecuencia, de conformidad con el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, la juez recusada continuará en conocimiento del proceso.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem, se impone a la parte recusante una multa de dos bolívares fuertes (Bs.F 2,oo) pagadera a favor de la Tesorería Nacional, en una entidad bancaria receptora de fondos nacionales, cuyo pago deberá acreditar, mediante consignación del comprobante en el presente expediente.

declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 3 de noviembre de 2004, por el abogado en ejercicio Marco Antonio Aponte, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.747, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos José Luis Bracho Alvarado y Abrahan Pastor Giménez Freitez, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.570.393 y 1.253.144, respectivamente, demandantes en el presente juicio, contra la sentencia dictada en fecha 2 de noviembre de 2004 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, hoy, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. Se condena en costas a la parte recurrente. Notifíquese a las partes.

de oficio, con ocasión del presente recurso de apelación declara NULA la sentencia dictada el 11/4/2008 por la Sala de Juicio N° 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy así como el trámite dado a la presente causa de desalojo de inmueble mediante el procedimiento contencioso estatuido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y ordena su REPOSICION al estado de pronunciarse sobre su admisión por el procedimiento previsto en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.