DISPOSITIVA En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Yaracuy con sede en la ciudad de San Felipe, DECRETA PRIMERO: Se calificó la detención en flagrancia del ciudadano CARLOS MANUEL PALMERO IGLESIAS. SEGUNDO: IMPOSICION DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano CARLOS MANUEL PALMERO IGLESIAS, ampliamente identificado en el expediente, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica ante el Tribunal cada 15 días. TERCERO: ACOGE, la precalificación dada a los hechos por parte de la Fiscalía, esto es, HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal. CUARTO: ACUERDA que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria de conformidad con los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Yaracuy con sede en la ciudad de San Felipe, DECRETA PRIMERO: Se calificó la detención en flagrancia del ciudadano YIMMY MAICOL ESTE ABREU. SEGUNDO: ACUERDA que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria de conformidad con los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal. IMPOSICION DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano YIMMY MAICOL ESTE ABREU, ampliamente identificado en el expediente, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica cada 30 días.

En consecuencia, se DECRETA LA SEPARACION DE CUERPOS Y BIENES solicitada por los cónyuges comparecientes, respetando los términos en los cuales fue fundamentada la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Parágrafo Primero literal "K" y el artículo 189 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 762, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a las medidas solicitadas, se considerarán en el cuaderno de medidas. Expídase a ambas partes copias fotostáticas certificadas de la solicitud y del presente auto. Notifíquese a la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a los fines previstos en el Artículo 172 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el Artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese Boleta y abrase cuaderno de medidas se le asignó el N° 12411/08.

este Tribunal de Ejecución N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA al penado MIGUEL ANGEL CHIRINOS BARRETO titular de la cédula de identidad N° 12.079.768, el beneficio de REGIMEN ABIERTO y ACUERDA oficiar al Director del Internado Judicial de esta ciudad a fin de remitir copia certificada del presente auto, quedaron notificadas las partes del contenido de la presente resolución en la audiencia especial celebrada en la sede del Internado Judicial de esta ciudad el día de hoy 17 de Noviembre de 2008, ofíciese lo conducente. Cúmplase. La Jueza de Ejecución N° 1 Abg. Jenny Andaluz Affigne La Secretaria Abg. Olga Gallo

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Acuerda expedir MANDATO DE CONDUCCIÓN en contra de los ciudadanos LEONORA SEVILLA y CESAR CARAPAICA y quienes están residenciados en el Barrio El Jovito, calle Principal, San Felipe, estado Yaracuy, respetando sus derechos constitucionales y será llevado inmediatamente ante la Sede de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub-Delegación San Felipe, en un plazo que no excederá de ocho horas contados a partir de la conducción por parte del Organismo anteriormente mencionado, todo de conformidad con el Articulo 310 del Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso sub-júdice, ni siquiera se funda en alguno de los referidos supuestos previstos en el artículo 458 del Código Civil Venezolano, sólo se limita a señalar que se rectifique la referida acta de defunción. A este respecto, con base a las razones anteriormente dichas y por cuanto no se demostraron los supuestos previstos en la normativa legal para que sea procedente ordenar la Rectificación de Acta de Defunción la acción planteada no encuadra dentro de los mencionados supuestos legales; todo ello aunado a que aun cuando la documentación anexa al libelo de demanda cumple con todos los requisitos de ley para otorgarles pleno valor probatorio, este Tribunal no los acoge dado que en el escrito libelar se contradice con lo traído en autos, cuando señala que existe un error al asentar ciudadana Juan Mendoza, evidenciándose que en el acta de defunción expedida por el Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, se encuentra correctamente, asimismo, en lo que respecta .....

Así cuando no sea manifiestamente ineficaz, incongruente o inadecuado de la prueba para afirmar, modificar, desvirtuar o invalidar las pretensiones del actor, cuando el Juez no pueda penetrar fácil y evidentemente el verdadero propósito del promovente, y tener certeza de la indiscutible ineptitud de medio probatorio adecuado para lograrlo obrará prudentemente, admitiendo en cuanto a lugar en derecho según la frase consagrada en nuestra legislación, porque mayor perjuicio le causará al promovente la negativa que a su contraparte la admisión, tanto más, cuando que siempre habrá tiempo de desestimar la prueba al dictar Sentencia definitiva, y más aún cuando la admisión de las pruebas no prejuzga sobre el valor de las mismas. Esto significa que el hecho de admitirlas no quiere decir que el Juzgador considere que las mismas van a probar el hecho que su promovente pretende probar, simplemente el Juez cumple con su obligación de permitir a las partes la utilización de los medios de pruebas.....

DISPOSITIVA Por razones expuestas, este Tribunal de Control Nª 5, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1ro del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida al ciudadano BLACKS WILLY ROBINSON AGUIRRE MONTI, cedulado con el Nº 19.110.660, Defendido por el abogado Privado Omar Antonio González Pérez venezolano, natural de Sabana de Parra, Estado Yaracuy, soltero, residenciado en la calle Nº 02, sector la Ceiba de Sabana de Parra, Municipio Páez del Estado Yaracuy por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Previsto y sancionado en el artículo 318 del Código penal vigente para el momento de los hechos. Notifíquese a las partes. Cúmplase.

En consecuencia el penado podrá hacer uso de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena a partir de las siguientes fechas: DESTACAMENTO DE TRABAJO: Al cumplir ¼ parte de la pena (2 años) es decir a partir del día: 19/07/2010; REGIMEN ABIERTO; al cumplir la 1/3 parte de la pena (2 años y 8 meses) es decir a partir del día: 19/03/2011, así mismo le corresponde LIBERTAD CONDICIONAL, al cumplir 2/3 partes de la pena (5 años y 4 meses) es decir a partir del día: 19/11/2013; CONFINAMIENTO al cumplir ¾ partes de la pena (6 años) es decir a partir del día: 19/07/2014, excepto que se le redima la pena por el trabajo o estudio, de acuerdo a las disposiciones previstas en la ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio y el Código Orgánico Procesal Penal. Abg. Jenny Andaluz Affigne La Jueza de Ejecución N° 1 Abg. Olga Gallo La Secretaria

LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR LA PRESENTE SOLICITUD, EL TRIBUNAL LO HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: Como se observa, la legitimidad de las partes está demostrada con el Acta de Matrimonio, cursante al folio dos (02) del expediente, de la cual se constata que los esposos, ciudadanos LUIS ERASMO CARRILLO TORREALBA Y ZULMA TIBISAY TORREZ, tienen más de CINCO (5) años de casados; así como está demostrada la ruptura prolongada de vida en común, tal como lo alegan los cónyuges en su escrito libelar. El tribunal no hace pronunciamiento expreso con respecto a bienes de liquidación por motivo de la unión conyugal, por cuanto en el escrito libelar manifestaron no haberlos adquirido y NO EXISTIENDO OBJECIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, tal como se desprende de autos; en consecuencia, esta Instancia concluye que en la presente causa están dados todos los requisitos exigidos por la Ley, para su procedencia. Y ASI SE D.....