DECISIÓN Por las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del procedimiento incoado por la entidad de trabajo CORPORACIÓN INLACA, C.A, en contra de la ciudadana ENYERLYN LOPEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 23.575.556, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Año 205º y 156º LA JUEZA Abg. ANNIELY ELÍAS CORONA

DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los ABOGADOS EFNER ENAY PARRA HERNÁNDEZ, DAVID ELIEZER YEPEZ SEQUERA y STHEPHANY ROSDAL URIS ESCOBAR, quienes actúan con el carácter de Fiscal Décimo con Competencia contra las Drogas del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy y Fiscales Auxiliares de la referida Oficina Fiscal, contra la decisión emitida en fecha 12 de Julio de de 2016, dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Juicio Nº 2 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ese Tribunal, otorgó cambio de Medida de Coerción Personal al acusado DANNY ISMAEL VARGAS RUMBOS, de Medida de Privación Judicial Preventiva por Arresto Domiciliario Transitorio por el lapso de 90 día.....

DECLARA PRIMERO INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoada por la ciudadana YUNI YANIRA PINTO AREVALO, venezolana, mayor de edad, de profesión abogada, con Inpreabogado Nº 147.642 y titular de la cédula de identidad Nº 5.456.849, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución Nº 2009–0006 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de marzo de 2009 y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 en fecha 02 de abril de 2009. SEGUNDO: SE DECLINA LA COMPETENCIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY. TERCERO: SE ORDENA REMITIR las presentes actuaciones al Juzgado Distribuidor competente a los fines del conocimiento de la presente causa; una vez quede firme la presente decisión, tal como lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERT.....

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: SIN LUGAR la prescripción de la acción alegada como punto previo por la representación de la procuraduría General del Estado Yaracuy. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por la ciudadana Elia Lisbeth Barrios, titular de la cedula de identidad Nro. 12.728.254 en contra del Instituto Autónomo de Cultura y Servicios Educacionales del Estado Yaracuy (IACEY), representada por su presidente el ciudadano Ali Benavides, titular de la cedula de identidad Nro. 11.591.863 y Coordinador de la comisión liquidadora del Instituto Autónomo de Cultura y Servicios Educacionales del Estado Yaracuy (IACEY), según decreto Nro. 020 de fecha 23 de diciembre de 2008, todos identificados ut supra. TERCERO: Se condena a la parte demandada, pagar a la ciudadana Elia Lisbeth Barrios, la cantidad de TREINTA DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. 32.486,19)

En consecuencia, corresponden los siguientes montos: Antigüedad Bs. 24.826,26 Vacaciones Vencidas y Fraccionadas Bs. 6.689,19 Bono Vacacional Vencido y Fraccionado Bs. 11.854,47 Utilidades Vencidas y fraccionadas Bs. 12.672,02 Indemnización por despido Injustificado Bs. 24.826,26 Bonificación por el día del vigilante Bs. 508,76 Bonos nocturnos Bs. 47.053,92 Bono de juguete Bs. 762,00 Salarios caídos Bs. 50.630,68 Beneficio de alimentación Bs. 15.862,50 Bono de asistencia perfecta Bs.7.493,04 Para un Total de Bs. 203.179,10 Finalmente, quien decide, siguiendo la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y de conformidad con Sentencia emanada de la misma, en fecha 11 de Noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez; Caso José Surita en contra de la sociedad mercantil Maldifassi & CIA. C.A; ordena a la demandada la cancelación correspondiente a la Indexación sobre.....

PRIMERO: El DESISTIMIENTO DE LA ACCION incoada por la ciudadana Alejandrina Espinoza, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.476.852 en contra del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (PROSALUD), de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.