Este Tribunal ACUERDA MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD dictada en fecha 07 de septiembre de 2005, al acusado VICTOR ALEXANDER ARIAS, de conformidad con lo establecido en los Artículos 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

este Juzgador que en virtud de los procesos inflacionarios sufridos por la economía, caracterizada por la tendencia a la alza en los precios de todos los artículos y bienes en el mercado, es ilógico suponer que el referido vehículo mantiene en la actualidad el mismo valor que le fue estimado en la oportunidad del supraindicado avalúo, por otra parte, conforme a lo señalado por la madre biológica de los niños de autos, ciudadana BARBARA MABEL GONZALEZ RIVAS en relación a que ella tiene bajo su Guarda a sus hijos y que necesita el dinero que le corresponde a éstos por la venta del referido bien, a los fines de sufragar gastos generados por su manutención, en ese sentido y conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de igual modo, aplicando la máxima de experiencia de quien juzga en base a la cual considera que el valor del vehículo es mayor al señalado en el avalúo y estima que la cantidad debe ser como mínimo, equivalente .....

Siendo competencia de este Tribunal de Ejecución la selección del sitio de reclusión de los penados que se encuentren bajo su jurisdicción y con fundamento en lo antes expuesto este Tribunal de Ejecución N° 2 Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley RESUELVE: Se ordena el traslado de los penados CARDENAS PERALTA ADONIS RAUL venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.763.838, y DIAZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.610.429, al Centro Penitenciario que reúna con medidas máximas de seguridad necesarias para recluir a penados con estas conductas para el cumplimiento de su condena. Remitir copia del presente auto al Director del Internado Judicial de Yaracuy. Se fundamenta la presente decisión en los artículos 481 y 479 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese los oficios que correspondan. Abg. Jenny Andaluz Affigne La Juez de Ejecución N° 2 .....

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: HOMOLOGAR EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN SUS PROPIOS TERMINOS, de conformidad con los Artículos 315 y 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En tal virtud se Restituye la Guarda de los niños (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), de tres (03) años de edad, a su progenitora ciudadana EDDY SOBEIDA QUIÑONEZ, plenamente identificada en autos, quien deberá respetarse el derecho de visitas de los hijos de relacionarse con su padre, ciudadano NELSON ANTONIO DURAND. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa Juzgada.

DISPOSITIVA Esta Corte de apelaciones en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el Abg. Wladimir Di Zácomo, Defensor Público Séptimo del Sistema Autónomo de la Defensa Pública del estado Yaracuy, actuando en atención a la Unidad de Defensa Pública, por estar el Defensor Público Sexto de Vacaciones legales, en contra de la sentencia de fecha 04 de agosto de 2005, dictada por el Tribunal de Juicio N° 2, a cargo del Abg. Edgar Torrealba, en el asunto N° UP01-P-2002-000182, seguido en contra del ciudadano Rosmer Smith Castillo Veliz, en consecuencia ANULA la decisión recurrida y ORDENA la celebración de un nuevo juicio ante un Juez distinto al que dictó la sentencia.

este Tribunal Accidental de Protección en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara sin lugar la solicitud de nulidad de las actuaciones presentadas por la ciudadana abogado YRELA CHAM RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Primera de esta Misma Circunscripción Judicial y así se decide.