III DECISION En merito de las razones anotadas, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido cinco (05) años y siete (07) meses, aproximadamente, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en la presente demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesto por el ciudadano LUIGI SETTEMBRE MAZZOCCA, titular de la cedula de identidad Nro. V- 6.160.070, en contra de la ciudadana AURA DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 3.577.121; declara LA PERDIDA DE INTERES PROCESAL, en consecuencia, LA PERENCIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA, en el presente asunto, y queda firme la sentencia apelada, asimismo se acuerda remitir el expediente al Tribunal de origen Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. De acuerdo con lo es.....

este Juzgado de los Municipios Bolívar y Manuel Monge de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy "Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley", declara SIN LUGAR la tacha de falsedad de documento público propuesta por la parte demandada, contra el documento público que contiene el Título Supletorio a favor de los Ciudadanos: MANUEL FELIPE RIVERO SALCEDO, DINA CELINA RIVERO DE LOYO, DÉBORA ADELAIDA RIVERO SALCEDO, JUAN MANUEL RIVERO SALCEDO Y FLORENCIA ESPERANZA CORDERO RIVERO, con Cédulas de Identidad Nos. 6.158, 944.818, 411.259, 5.221.364 y 1.873.278 respectivamente, representados por la Ciudadana DIGNA VICTORIA EUSEBIO VARGAS, con cédula de identidad No. 7.909.071, sobre unas bienhechurias ubicadas en el Barrio "Casa de Teja", Callejón S/N, entre Calle "Andrés Eloy Blanco" y Calle "La Libertad" de esta Población de Aroa, Municipio Bolívar del Estado Yaracuy, Registrado por ante la Oficina de Registro Público de los Munic.....

III DECISION En merito de las razones anotadas, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido SEIS (06) años y once (11) meses, aproximadamente, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en la presente demanda de DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO, interpuesto por el ciudadano JULIO RAFAEL BASTIDAS LEZAMA, en contra del ciudadano ROVER ENRIQUE BRICEÑO PRIETO Y LA EMPRESA CORPORACION PRINCIPAL C.A, plenamente identificados en autos, declara LA PERDIDA DE INTERES PROCESAL, en consecuencia LA PERENCION DE LA SEGUNDA INSTANCIA, en el presente asunto, se acuerda remitir el expediente al Tribunal de origen Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. De acuerdo con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, la presente de.....

El máximo Tribunal de la República ha establecido que: "la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. En sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 12 de mayo de 2003, con pone.....

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgador Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Régimen Procesal Transitorio de este Circuito Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LA SENTENCIA HOMOLOGADA, de Obligación de Manutención, en beneficio de la niña JAISMAR ISABEL ADAN ACOSTA, actualmente de 3 años de edad, dictada por el suprimido tribunal de protección, en fecha 13 de agosto de 2008, por cuanto no fue demostrado el cumplimiento de la misma por parte del ciudadano CARLOS JAVIER ADAN CANELON, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad números V-15.785.664, domiciliado en la calle 8, entre Avenidas 6 y 7 San Felipe, Municipio San Felipe, estado Yaracuy. En consecuencia, siendo que el demandado adeuda la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CINCUENTA (Bs.5.972,50), se Decreta Medida de Embargo Ejecutivo, en contra del demandado ciudadano.....

Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos DEIBYS BERNABE ADREU JIMENEZ y MARY HERMELINDA CORDERO SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.095.710 y 12.726.858 respectivamente, domiciliados el primero en la Urb. La Villa calle 12 casa N° 255 municipio Independencia del estado Yaracuy, y la segunda en la Urb. La Pradera primera etapa vereda D casa N° 40 municipio Cocorote del estado Yaracuy, debidamente asistidos por el abogado LUCIO JAVIER PEREZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el INPREABOGADO bajo el N° 148.128. En consecuencia, con respecto al niño de autos, este Tri.....

PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de Cobro de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales interpuesta por los ciudadanos ROSANA AGUERREVERE MACHADO y MIGUEL ANTONIO GONZALEZ NAVAS, titulares de las cedulas de identidad Nº 3.817.542 y 3.396.991, contra ALIMENTO POLAR C.A., ambas partes plenamente identificadas en autos. SEUNDO: No se condena en costas a la parte actora conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo TERCERO: Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen una vez que trascurran el lapso establecido en Ley.

Seguidamente el Ciudadano Juez declara abierto el acto y da inicio a la Audiencia Preliminar, recordándole a las partes la importancia del uso de los medios alternos de solución de conflictos, a los fines de alcanzar resultados satisfactorios para las partes y de este modo lograr ahorro de energía y recursos, evitando un proceso prolongado. Seguidamente, previo requerimiento del juez, le son consignados constante de: dos (02) folios útiles, el escrito de pruebas y dos (02) folios de anexos, numerados del 1 al 2; los medios de pruebas de la parte actora y de cuatro (04) folios útiles, el escrito de pruebas y diecisiete (17) folios de anexos, numerados del 1 al 17, los medios de prueba de la parte demandada. En este estado, ambas partes manifiestan, de mutuo y común acuerdo lo siguiente: En aras de la conciliación, a los fines de ponerle fin a la presente causa de manera inmediata, evitando dilaciones inútiles a través de un proceso innecesario y por cuanto se hace necesario ponerse.....

PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional, por la violación del Derecho al Trabajo, consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejercida por los ciudadanos DI TORO GIOVANNI, GONZALEZ DANNY y MONTILLA RAUL, venezolanos, mayor de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-10.372.414, V-15.387.212 y V-10.115.560 respectivamente, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO COCOROTE DEL ESTADO YARACUY por la falta de cumplimiento de la Providencia Administrativa Nº 0253/2010 de fecha Dieciocho (18) de Agosto de 2010 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordena a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO COCOROTE DEL ESTADO YARACUY en la persona del ciudadano alcalde MARCIAL JOSE VALENZUELA COLINA que proceda a la restitución inmediatamente en los puestos de trabajo y al pago de los salarios caídos de los ciudadanos DI TORO GIOVANNI, GONZALEZ DANNY y MONTILLA RAUL, venezolanos, mayor de.....

PRIMERO: INADMISIBLE sobrevenidamente la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ILEANIS ELIZABETH BARRIOS RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.936.846, contra el INSTITUTO AUTONOMO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO YARACUY.