DECISION Este Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. DECLARA PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de divorcio, basada en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano Vigente, interpuesta por los ciudadanos ALCIDES JAVIER BLANCO MARTINEZ y KARINA SOLEDAD JIMENEZ VALERA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos: V-16.261.333 y V-17.157.627 respectivamente. SEGUNDO: SE DECRETA LA DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL contraído por ellos ante el Registro Civil del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, según acta de Matrimonio Nº 68, Folio 140 y 141 del Año 2.004.

Este Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor del ciudadano JOSE RAFEL REYES venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 1.138.539 y de este domicilio, sin perjuicios de terceros de iguales o mejores derechos sobre una bienhechuria que el solicitante dice poseer sobre un lote de terreno propiedad del Central Matilde, ubicado en el Sector al Pie de la Montaña antes de atravesar el Rió Yaracuy de la Ciudad de Chivacoa del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, en un área de Terreno que mide aproximadamente 04,00 Mts de frente por 25,00 Mts de fondo para un área total de 100 Mts2 y un área de construcción de 40,00 Mts2, con las siguientes características: un (1) local de comercio, y un (1) baño.....

Este Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: HOMOLOGAR en sus propios términos dicho convenimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, y téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada