Por las consideraciones anteriormente explanadas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolívar, Manuel Monge y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SE HOMOLOGA la presente demanda por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, incoada por la ciudadana KEYLA TIBISAY ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 18.673.485, contra el ciudadano JAIKER EDUARDO CASTRO GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 17.061.020. SEGUNDO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, LEGALMENTE RECONOCIDO EL INSTRUMENTO PRIVADO SUSCRITO ENTRE por la ciudadana KEYLA TIBISAY ALVAREZ y el ciudadano JAIKER EDUARDO CASTRO GARCÍA, cursante el mismo al folio dos (02) del presente expediente. TERCE.....

Por las consideraciones anteriormente explanadas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolívar, Manuel Monge y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SE HOMOLOGA la presente demanda por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, incoada por la ciudadana DANNYS RAMONA MORENO DE HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 13.198.126, contra la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CAMACHO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 14.442.416. SEGUNDO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, LEGALMENTE RECONOCIDO EL INSTRUMENTO PRIVADO SUSCRITO ENTRE la ciudadana DANNYS RAMONA MORENO DE HERNÁNDEZ y la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CAMACHO RODRÍGUEZ, cursante el mismo al folio dos (02) de.....

en consecuencia, DECLARA CON LUGAR la presente demanda de Divorcio y disuelto el vínculo matrimonial, que unía a los ciudadanos JUAN FRANCISCO PARRA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.919.706 y JOHANA KARELYS MACHADO DURANT, esta última venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.284.220 respectivamente. Con respecto al hijo de las partes en estado de minoridad, se establece lo siguiente: PRIMERO: La Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza será ejercida conjuntamente por ambos padres y la custodia la ejercerá la madre. SEGUNDO: En cuanto a la obligación de manutención, por cuanto no se encuentra probada la capacidad económica del progenitor, se establece la cantidad de CUARENTA DOLARES (40$) mensuales, pagaderos a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), asimismo, las cuotas extras en los meses de septiembre y de diciembre de cada año, para cubrir el concepto de GASTOS ESCOLARES y GASTOS DECEMB.....

, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO 185, presentado por la ciudadana JOSELITH LUSBELIS VIVAS ALVARADO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-20.539.862, DECRETA la disolución del vínculo matrimonial contraído por ella y el ciudadano ROGER ALEJANDRO CAMACHO ZAPATA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-19.835.609, en fecha veinte (20) de agosto de 2024, por ante la Comisión de Registro Civil y Electoral de Chivacoa municipio Bruzual del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 74, folio 74, que corre inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios llevados por esa oficina para el año 2014.

es necesario señalar que la sentencia in comento que se encuentra definitivamente firme, establece claramente los parámetros que tomo en cuenta el experto contable para calcular todos los conceptos condenados, entre ellos el beneficio de alimentación al momento de realizar la experticia complementaria del fallo y posteriormente la actualización de la misma por parte del Banco Central de Venezuela, por lo que no pueden ser modificados los términos establecidos en dicha sentencia, ya que se estaría violentando el principio de cosa juzgada, en consecuencia, por todo lo antes expuesto este tribunal niega lo solicitado.

es necesario señalar que la sentencia in comento que se encuentra definitivamente firme, establece claramente los parámetros que debe tomar en cuenta el experto contable para calcular el bono de alimentación al momento de realizar la experticia complementaria del fallo, por lo que no pueden ser modificados los términos establecidos en dicha sentencia, ya que se estaría violentando el principio de cosa juzgada, en consecuencia, por todo lo antes expuesto este tribunal niega lo solicitado. Por otra parte, en cuanto a la impugnación de la experticia complementaria del fallo de fecha 27-12-2024 realizada por el Banco Central de Venezuela, este tribunal se pronunciara por auto separado.

En consecuencia, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, HOMOLOGA en sus propios términos el presente acuerdo. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Regístrese, publíquese, déjese copia certificada y expídase por la Secretaría, copia certificada que soliciten las partes de la presente homologación. Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los treinta (30) día del mes de enero de 2025. Años 214º de la Independencia y 165º de la Fe.....

este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TÍTULO SUPLETORIO sobre las bienhechurías descritas en la solicitud, a favor de la ciudadana MARÍA DE JESÚS ARRIECHE DE SUÁREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, portadora de la cédula de identidad Nº V-3.129.159

este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el artículo 895 y siguientes, en concordancia con el articulo 937 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TÍTULO SUPLETORIO sobre las bienhechurías descritas en la solicitud, a favor del ciudadano JOSÉ RAFAEL COLMENAREZ venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-4.476.046

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO, efectuado por la parte demandada FUNDACIÓN REGIONAL EL NIÑO SIMÓN YARACUY, por haberse cumplido cabalmente con lo reclamado por la actora ciudadana NORA MATILDE OSUNA DE SEQUERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 4.122.247, en su libelo de demanda. Así se decide. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se ordena su notificación a la Procuraduría General del estado Yaracuy, a los fines de informarle de la presente decisión, y una vez que conste en autos las resultas de la misma, se procederá a remitir las actuaciones a su Tribunal de origen, para el respectivo cierre y archivo.