2005 este Tribunal de los Municipios Sucre, la Trinidad y Arístides Bastidas de la circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, observa que las partes han llegado a una conciliación de mutuo acuerdo, en consecuencia, ¿Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: HOMOLOGAR el acto conciliatorio suscrito entre las partes, en sus propios términos, impartiéndole la debida aprobación de conformidad con lo establecido en el Artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Téngase como Sentencia pasada, con autoridad de cosa Juzgada¿.-

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia , en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: de conformidad con lo establecido en el Artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGAR el Acto Conciliatorio suscrito entre las partes, en sus propios términos, impartiéndole la debida aprobación. Quedando establecido el monto de la Obligación Alimentaria a ser cancelado por el prenombrado ciudadano demandado en beneficio de su hijo en TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,°°) semanales, es decir, CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES MENSUALES (Bs. 120.000,°°), los cuales serán depositados en la sede del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Autónomo Sucre del Estado Yaracuy. Los gastos extras de medicina, atención médica, vestido, calzado, útiles y uniformes escolares, serán sufragados en proporción al.....

En tal virtud, el ciudadano Emilio Rafael Ortega, debe aportar a su hija la cantidad de cien mil bolívares 100.000.00, mensual, por concepto de obligación alimentaría. En el mes de septiembre, debe pasarle la cantidad de cien mil bolívares (100.000.00), por concepto de útiles escolares, y en el mes de diciembre, debe cancelarle la cantidad de doscientos mil bolívares (200.000.00), por concepto de aguinaldos.

Por lo expuesto, este Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ACUERDA MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD dictada en fecha 13-04-2005 al imputado YOHAN RAFAEL MENDOZA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal y así se decide. Notifíquese a las partes.

Por todas las razones de hecho y derecho antes expuestas, es por lo que este Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA la aprehensión de los ciudadanos JOEL ENRIQUE LOPEZ REQUENA y JOHAN ENRIQUE LOPEZ REQUENA, plenamente identificados al comienzo del presente fallo, como FLAGRANTE; la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO y dicta MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los imputados, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248, 250, 251 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y diarícese.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Juicio N° 1 de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, "Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ", emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: acuerda asumir el control jurisdiccional como Juez Unipersonal de la presente causa, seguida a los jóvenes adultos (Identidad Omitida), acusados por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO y LESIONES LEVES, previstos en los artículos 375, 460 y 418 del Código Penal, en agravio de los ciudadanos en agravio de los ciudadanos WILLIANS ENRIQUE ROJAS RAMÍREZ, SUGELYS YANETH PINTO MADURE, LILIANA ROJAS ANZOLA y LENIN EDGARDO MENDOZA ANTICH, conforme a lo previsto en los artículos 26 y 355 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al carácter vinculante del contenido doctrinal de las decisiones N° 3744 de fecha 23 de diciembre de 2003 y.....

este tribunal Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA, a los ciudadanos MAYAURY TIBISAY D¿ HOY DE NAVAS, JOSÉ GABRIEL D¿ HOY SEQUERA, MIRIAN AMARILYS y FRANCISCO JAVIER VALLADARES D¿ HOY, los adolescentes (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y a los niños (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), ya identificados, UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la ciudadana MIRIAN RAFAELA D´ HOY SEQUERA, fallecida ab-intestato en fecha 24 de enero de 2005, quien era titular de la cédula de identidad N° 7.515.548, sin perjuicio de terceros con iguales o mejores derechos.

En razón de lo anteriormente expuesto, y a los fines de subsanar el error cometido, lo prudente es REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIUM el auto de fecha14 de Abril de 2005, que riela al folio 15 de este Expediente, en consecuencia QUEDA SIN EFECTO, así como las actuaciones posteriores a este.

En razón de lo anteriormente expuesto, y a los fines de subsanar el error cometido, lo prudente es REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIUM el auto de fecha 27 de Abril de 2005, que riela al folio 43 de este Expediente, en consecuencia QUEDA SIN EFECTO, así como las actuaciones posteriores a este.

Este Tribunal para decidir observa: El Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: ¿...TODA INSTANCIA SE EXTINGUE POR EL TRANSCURSO DE UN (1) AÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGUN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PÁRTES...¿ El Máximo Tribunal de la República ha establecido que: ¿la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renun.....