acuerda: HOMOLOGAR EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN SUS PROPIOS TERMINOS, impartiéndole la debida aprobación. Téngase pasado como en Sentencia con autoridad de Cosa Juzgada. En consecuencia queda establecido: Que el ciudadano JOSE GREGORIO RODRIGUEZ, se compromete a pasar a su hijo por concepto de PENSION DE ALIMENTOS la cantidad de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00) mensual; en el mes de septiembre de cada año pasará la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), por concepto Útiles Escolares; y en el mes de diciembre de cada año pasará la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) por concepto de Aguinaldos. La cantidad fijada por concepto de PENSION DE ALIMENTOS, es decir 80.000,00 Bs. mensual, corresponde al 17.17% del salario mínimo actual, el cual es de Bs. 465.750,00. La misma se incrementará automáticamente del mismo modo en que se incrementen los ingresos del obligado de autos, todo lo cual está previsto en la Ley Orgánica para la .....

Por Autoridad de la Ley Acuerda ampliar el lapso de presentación del imputado NATIVIDAD JOSE MARTINEZ SOTELDO, de cada ocho (8) días a cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, comenzando el día Lunes 20 de Febrero del 2006.

Por las razones antes expuestas este Tribunal de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y MEDIDA DE CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD al ciudadano: GREIZON EDUARDO DURAN RIVAS, por la presunta comisión del delito HOMICIDIO CULPOSO previsto y sancionado en el Artículo 409 del Código Penal en perjuicio de Camilo Álvarez y Carlos Rivas, plenamente identificado al comienzo del presente decisión, por lo que deberá presentarse ante el Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal cada 20 días contados a partir de la publicación de la presente decisión, todo de conformidad a lo establecido en los artículos 248, 373, 256 Ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese. Cúmplase. LA JUEZA DE CONTROL N° 4 EL SECRETARIO ABG. ESMERALDA LÓPEZ GUZMÁN ABG. DOUGLAS FUENTES .....

esta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA HOMOLOGAR en sus propios términos dicho convenimiento, en consecuencia, el ciudadano EDUARDO RENESTO SIERRA, compartirá con sus hijos (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), de ocho (08) y nueve (09) años de edad respectivamente, los días sábados y domingos, a partir de las 08:00 a.m y los retornará al hogar materno a las 08:00 pm, todo de conformidad con los artículos 315 y 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa Juzgada.

este Tribunal en relación a las medidas solicitadas de conformidad con el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente acuerda: PRIMERO: En relación a la Guarda de la adolescente MARIEL SOFIA, será ejercida por la madre ciudadana ROSIBEL OCHOA GUEDEZ. SEGUNDO: En cuanto a la Patria Potestad de la niña será ejercida por ambos padres ciudadanos ROSIBEL OCHOA GUEDEZ y MARIO SANTINI LOZADA. TERCERO: En cuanto al Régimen de Visitas este Tribunal acuerda fijarlo provisionalmente abierto, para el padre de la niña antes mencionada, ciudadano MARIO SANTINI LOZADA, siempre y cuando no perturbe las horas de estudio, descanso y recreación de su hija. CUARTO: En relación a la Obligación Alimentaría, este Tribunal la fija en la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES MENSUALES (Bs. 50.000,00), a favor de la adolescente MARIEL SOFIA, por cuanto no se demuestra la capacidad económica del Obligado Alimentario.

DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Juicio N° 1 de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, "Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley", en estricto acatamiento a lo pautado en el numeral 4° del artículo 49, los artículos 19, 26, 78, 255 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre, 40, numeral 2°, literal b), inciso iii) de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2.3 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), 12, 537, 546, 584, 620, 627, 628 de la Ley que regula esta materia, 13, 19, 68 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, declara la nulidad absoluta del auto fechado el día 13.....

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA: conceder AUTORIZACION JUDICIAL a las ciudadanas ANA MARIA GONZALEZ de MUÑOZ e IBETH MAYERLING SANCHEZ TORRES, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.859.181 y 11.654.054 respectivamente, para que procedan a cobrar en representación de sus hijas, las niñas (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), nacidas en fechas 28 de julio de 2003 y 23 de mayo de 1995, la suma de dinero y demás beneficios que les correspondan por ante el Central Azucarero Santa Clara, ubicado en el Sector Carbonero del estado Yaracuy, y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), dejados en ocasión del fallecimiento de su padre ciudadano FERNANDO JOSE MUÑOZ MENDEZ, quien se identificaba.....

DECISIÓN Por las razones expuestas, esta juez dirimente, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en observancia del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA IMPROCEDENTE la tramitación de la recusación planteada por la abogada NORMA DELGADO ACEITUNO, contra la Juez Superior ESMERALDA RAMBOCK, en el asunto UP01-R-2005-00096, seguido contra JORGE ENRIQUE CÓRDOVA LÓPEZ, por haberse cumplido la pretensión de la recusante, y haberse separado la juez recusada del conocimiento del mencionado asunto.

Se admite totalmente la acusación presentada por la Fiscal Undécima del Ministerio Publico, Abg. Raquel Colmenárez, en contra de los Acusados VICTOR ELADIO MARÍN PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.710.362, natural de Chivacoa, funcionario policial, residenciado en el Caserío El Ceibal, Av. La Pastora, casa S/N, Municipio Bruzual, Estado Yaracuy y PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.912.417, natural de San Felipe, funcionario policial, residenciado en la Urbanización Santa Eduviges, calle Principal, casa N°. 01, Barrio Los Chucos, Municipio Sucre, Estado Yaracuy por la comisión del delito de Lesiones Personales Leves, Privación ilegítima de Libertad, cometidos con Abuso de Autoridad, previstos y sancionados en los artículos 418, 177 y 176, 1er aparte del Código Penal, en perjuicio de Jean Carlos Soteldo Freitez, toda vez que existen suficientes elementos de convicción para estimar que los.....

DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional intentada por el acusado OSCAR DARÍO LAVERDE OSPINO, asistido por su defensor, abogado WILMER A. BRACHO PÉREZ, contra la omisión judicial ocasionada por la ausencia de Juez en el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, y DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de dicho asunto, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Notifíquese al accionante, y por cuanto el mismo se encuentra detenido en el Internado Judicial de San Felipe, se ordena su traslado a este Circuito a los fines de su notificación. Remítase el asunto al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional.